Todos los procedimientos judiciales serán revisados, con carácter previo y sin exclusión, por los servicios sociales municipales    

El Gobierno de Asturias, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Federación Asturiana de Concejos (FACC) han acordado reforzar los sistemas y mecanismos de detección de supuestos de vulnerabilidad en los procedimientos por lanzamientos hipotecarios y desahucios por impago de alquileres en viviendas habituales.  

Las tres instituciones han valorado, en una reunión celebrada hoy, la necesidad de reforzar la comunicación entre los órganos judiciales y los municipios, por lo que los servicios sociales analizarán, sin exclusión, todos los expedientes de desahucios que tramitan los juzgados para detectar, con carácter preventivo, posibles situaciones de especial vulnerabilidad o de exclusión social.  

Con esta decisión se pretende mejorar la información disponible, en particular la relativa a los casos de difícil detección en los que los juzgados carezcan de datos suficientes para determinar la situación de las personas y familias afectadas por este tipo de procedimientos.  

El Gobierno del Principado de Asturias, el CGPJ y la FACC suscribieron el pasado 15 de marzo un convenio de colaboración para identificar situaciones de riesgo o exclusión social en este tipo de procedimientos. A su amparo se desarrolló un protocolo de actuación para aquellos casos en que, según los juzgados, se observasen estas condiciones. Se consideran de especial vulnerabilidad las unidades de convivencia en las que hay menores, personas con discapacidad, mayores de 65 años, víctimas de violencia de género y aquellas en que todos los miembros de más de 18 años están en situación de desempleo.  

El protocolo establece que, en los procedimientos de desahucio, cuando la autoridad judicial conozca la existencia de un supuesto de especial vulnerabilidad o exclusión social, se adopten las siguientes medidas:

  -        Proporcionar información al deudor sobre los servicios y programas de asistencia social, así como la localización de zonas de atención de los servicios sociales municipales  

  -        Informar a los servicios sociales municipales para que tengan conocimiento de la situación y puedan adoptar las medidas oportunas, cuando sea procedente.

  -        Adoptar resolución para la suspensión del lanzamiento.

  -        Una vez verificada la situación de riesgo e informados los servicios sociales municipales, estos deberán adoptar la decisión que consideren más conveniente en cada caso y que podrá consistir, entre otras, en ayudas económicas de emergencia social, el pago de un nuevo alojamiento en alquiler privado, y la propuesta de adjudicación, por emergencia social, de una vivienda del Principado, siempre que existan vacantes disponibles en situación de ocupación inmediata en el concejo. Cualquiera que sea la decisión que se tome se comunicará al órgano judicial.