El nuevo cuadro macroeconómico elaborado por el Ejecutivo también recoge una reducción de la tasa de desempleo y de la deuda pública. El objetivo es combinar la disciplina fiscal comprometida con la Unión Europea, la sostenibilidad del crecimiento y la lucha contra la desigualdad.

Madrid/Oviedo.-La ministra de Educación y Formación Profesional y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha reiterado la apuesta del Ejecutivo por unos Presupuestos Generales "para un Estado social" tras la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros en que se ha abordado el Plan Presupuestario para 2019.

Celaá ha explicado que no es preceptivo someter este documento al Consejo de Ministros, pero el Gobierno ha querido "revestir de formalidad" al Plan y ofrecer detalles sobre su contenido antes de enviarlo hoy mismo a la Comisión Europea.

La portavoz ha afirmado que la meta del Ejecutivo es revertir los recortes, proteger a los más vulnerables, mantener una economía competitiva y emergente y mejorar la calidad democrática. Se trata, ha dicho, de que los datos macroeconómicos positivos de los últimos cinco años "pasen definitivamente a mejorar la vida de las personas". Celaá ha subrayado que el Gobierno va a seguir negociando con las fuerzas políticas a fin de recabar apoyos para las cuentas públicas de 2019.

Plan responsable y realista

Pool Moncloa/JM CuadradoLa ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, ha recordado que estos días se cumplen diez años del comienzo de la crisis, "una crisis que ha tenido un alto coste en términos de cuentas públicas, Estado de bienestar, desigualdad y nivel de vida en buena parte de nuestra sociedad". Las medidas que se incluyen en el Plan Presupuestario, ha señalado, suponen en este sentido "un punto de inflexión", ya que muestran que es posible conjugar la disciplina fiscal con la lucha contra la desigualdad.

Calviño ha asegurado que el Plan es "responsable y realista" y cumple los tres objetivos fundamentales de la política económica del Gobierno. En primer lugar, la reducción del déficit público, que va a bajar no solo por la buena coyuntura económica, sino por la adopción de "políticas responsables" que posibiliten "un saneamiento permanente" de las cuentas públicas.

En segundo lugar, la función redistributiva de la política fiscal, "con medidas de gasto que no son solo socialmente justas, sino también económicamente productivas".

Y, en tercer lugar, la sostenibilidad a largo plazo de la economía: por primera vez desde el año 2007, España registrará en 2019 un superávit fiscal primario -es decir, excluyendo los costes de la deuda pública-, lo que implica que la deuda pública "va a comenzar a reducirse por fin a un ritmo significativo".

Bajada del desempleo y la deuda pública

La actualización del cuadro macroeconómico remitido a Bruselas prevé un crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) del 2,6% en 2018 y del 2,3% en 2019. La titular de Economía ha indicado que estas cifras suponen una "ligera" revisión a la baja -una décima en cada uno de esos dos años- con respecto al cuadro presentado el 20 de julio, de acuerdo al "principio de prudencia" de las previsiones del Ejecutivo.

España, ha explicado, se encuentra en una fase positiva del ciclo económico, que alcanzó su punto más alto en 2015; desde entonces, ha registrado tasas de crecimiento "robustas" y por encima de la media de la Unión Europea, pero progresivamente más moderadas, "de forma absolutamente coherente con la madurez del ciclo" y la situación de la economía mundial. La revisión del PIB se debe sobre todo al menor crecimiento de los mercados españoles de exportación, así como a "hipótesis más duras" sobre el precio del petróleo y el crecimiento en la UE, ha apuntado.

Pool Moncloa/JM CuadradoEn cuanto al déficit público, el Ejecutivo prevé que en 2019 se reduzca en nueve décimas, hasta el 1,8% del PIB, un objetivo "que no pone en peligro ni el crecimiento económico ni la creación de empleo", que constituye "la prioridad fundamental". La tasa de paro prevista para este año es del 15,5%, un porcentaje que bajaría al 13,8% en 2019. En el capítulo de gastos, Calviño ha remarcado el esfuerzo en los ámbitos de educación y ciencia, esenciales para aumentar el capital humano y la productividad.

La reducción del déficit hasta el 1,8% supondrá un superávit primario de cinco décimas del PIB, lo que permitirá bajar la deuda pública desde el 98,1% a finales de 2017 hasta el 95,5% al término de 2019. Con ese ajuste estructural, España cumplirá con sus compromisos europeos: el déficit acabará este año en el 2,7% del PIB, por debajo de la referencia del 3% del "brazo correctivo" del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, con lo que pasará a estar sujeta al "brazo preventivo" del Pacto, "cuyos requerimientos se ven satisfechos" con el objetivo de déficit para 2019, según ha expuesto la ministra.

Recuperación de derechos sociales

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha insistido en que la propuesta del Gobierno comporta un mayor compromiso con Bruselas, ya que reconduce el objetivo de déficit y lo sitúa en el 1,8% del PIB, frente al 1,3% previsto por el Gabinete anterior: "El Gobierno ha propuesto una senda realista porque lo contario habría supuesto quitar 11.000 millones de euros de gasto", lo que supondría un lastre para la recuperación económica y el empleo.

Montero ha añadido que el Plan Presupuestario respeta "los compromisos de estabilidad, recupera derechos sociales, blinda el Estado del bienestar e incorpora mayor rendimiento, mayor eficiencia y progresividad en el sistema fiscal".

Política tributaria

Pool Moncloa/JM CuadradoLa ministra ha señalado que la política tributaria incorporada en el Plan incrementa la contribución de los que más tienen, reduce los impuestos a las pequeñas empresas y grava nuevos sectores de actividad en línea con las recomendaciones comunitarias: "Es una política fiscal responsable en donde la clase medida y trabajadora no pagará más impuestos, sino todo lo contrario".

En este sentido, ha detallado que aumenta dos puntos el IRPF a las rentas superiores a 130.000 y cuatro a las superiores a 300.000 euros y sube cuatro puntos el IRPF a las rentas de capital que superen los 140.000 euros. Ambas medidas generarán 328 millones adicionales de recaudación.

En cuanto al Impuesto de Sociedades, baja dos puntos para las pymes que tengan una cifra de negocio que no supere el millón de euros. Por este concepto se prevé una recaudación de 1.516 millones de euros. Además, se aportarán 850 millones mediante el impuesto a las transacciones financieras y 1.200 millones con el impuesto a los servicios digitales. Además, se elevará el Impuesto sobre el Patrimonio para aquellos que declaren bienes superiores a 10 millones de euros, lo que generará una recaudación de 339 millones.

Por otra parte, la ministra ha apuntado que la bajada del IVA de los productos de higiene femenina y de los servicios veterinarios generará un ahorro fiscal de 53 millones. En el ámbito de la fiscalidad medioambiental, se avanzará en la equiparación del gasóleo y la gasolina, en línea con las recomendaciones de Europa, lo que permitirá ingresar 670 millones.

Lucha contra el fraude fiscal

María Jesús Montero ha avanzado que para fomentar un sistema tributario más justo se aprobará un conjunto de medidas de lucha contra el fraude fiscal. Entre otras, la actualización de la lista de paraísos fiscales, la extensión de la lista de morosos a los responsables solidarios o el límite al pago en efectivo, que no podrá ser superior a 1.000 euros cuando una de las partes sea un profesional.

El conjunto de medidas, ha señalado, "formará parte de una ley que se presentará en breve como anteproyecto y permitirá incrementar la recaudación en 828 millones de euros".

El total de medidas tributarias y de lucha contra el fraude impulsadas por el Gobierno "elevarán la recaudación en 5.678 millones de euros", ha precisado la ministra.

Montero ha recordado que la recaudación del impuesto sobre transacciones financieras se deriva a la Seguridad Social y el impuesto sobre el Patrimonio incide en las cuentas autonómicas. El total de medidas de ingreso que afectan solo al Presupuesto del Estado sumará 4.489 millones de euros en 2019. Asimismo, ha señalado que la recaudación tributaria también aumentará, por lo que se reforzará el estado del bienestar.

Compromiso de gasto

Pool Moncloa/JM CuadradoLa ministra ha recordado que se actualizarán las pensiones con el IPC real, se eleva un 40% el gasto estatal en dependencia, se incrementa un 22,3% el Salario Mínimo Interprofesional, que se sitúa en 900 euros, se recupera el subsidio de desempleo para los mayores de 52 años, se elimina el copago farmacéutico y se amplía el permiso de paternidad.

Estas iniciativas, a juicio de la ministra, "mejorarán la vida de millones de ciudadanos y presentarán un impacto económico global de gasto que asciende a 5.098 millones de euros". De este importe total, las medidas que impactan directamente en el techo de gasto del Gobierno con los Presupuestos Generales Estado sumarán 1.992 millones, el resto será gasto del subsector de la Seguridad Social o de los subsectores de las administraciones autonómicas.

El gasto público total, según ha expuesto Montero, aumentará un 3,1% alcanzando los 515.552 millones de euros y los ingresos públicos subirán un 5,7% hasta los 493.329 millones. Es decir, el gasto sube un 3,1% y los ingresos aumentan un 5,7%.

El techo de gasto de los Presupuestos del año 2019 suma 125.064 millones de euros, lo que implica un aumento del 4,4% y supone un incremento de gasto de 5.230 millones.

La ministra ha afirmado que el Gobierno aprobará los Presupuestos Generales del Estado de 2019 con la senda de déficit que esté aprobada a finales de noviembre o principios de diciembre. Al respecto, ha mantenido que si el nuevo objetivo de déficit para 2019 del 1,8% aún no está aprobado, se harán las cuentas públicas con el objetivo del 1,3% aprobado por el anterior Ejecutivo, ya que el techo de gasto no es necesario modificarlo.