Greenpeace denuncia que un nuevo Real Decreto publicado el pasado 9 de octubre de 2011 (1) asignará 28 millones de euros para el desguace de pesqueros españoles que faenen en caladeros internacionales y en aguas de terceros países durante el período de 2011 a 2013.  La asociación ecologista manifiesta que este dinero solo logrará una reducción del 10% de la capacidad de la flota industrial, algo que es totalmente insuficiente en relación con la proporción de flota desguazada y la cantidad de dinero en juego. 

Greenpeace insta al Gobierno español a que deje de darle prioridad a la prestación de ayuda financiera a su flota más industrial y exige que se lleve a cabo una evaluación sobre la mejor manera de asignar fondos públicos a las operaciones de pesca sostenible y a los esfuerzos para mejorar el estado del ecosistema marino.

La semana pasada Greenpeace presentó un informe que analiza la destrucción causada por la flota industrial de aguas distantes, en particular la pesca de arrastre de profundidad. El documento informa también acerca de la cantidad de subsidios que ha recibido esta flota durante 15 años para operar incluso después de que los stocks estuvieran sobreexplotados.

"Greenpeace está de acuerdo en que la eliminación de la sobrecapacidad a través del  desguace debe ser una prioridad para resolver los problemas existentes en muchas pesquerías, pero España siempre otorga estas ayudas a unos pocos", ha declarado Celia Ojeda, responsable de la campaña de Océanos de Greenpeace España. "Este dinero no debe ser emplazado sin una estrategia integral de reducción de flota y un replanteamiento de la política de subsidios, de lo contrario solo será un nuevo premio a la pesca destructiva".

Los objetivos del Real Decreto son considerados por Greenpeace como absolutamente insuficientes, ya que solo se traducirá en una reducción del 10% de la capacidad pesquera -unos 108 buques- con cantidades de dinero en juego que pueden ser de hasta más de 920.000 euros por barco, dependiendo de su tamaño. Los beneficiarios seleccionados incluyen a parte de la flota de arrastre de profundidad, como se menciona en el preámbulo del Real Decreto (2).

"No solo es dinero de los contribuyentes españoles, sino también de los europeos. Es un ejemplo perfecto de por qué todos los Estados miembros de la UE deben impulsar una profunda reforma de la Política Pesquera Común (PPC) relativa a la recuperación de nuestros mares y garantizar a largo plazo las oportunidades de empleo para nuestras comunidades costeras", ha añadido Celia Ojeda. "Una vez más, las flotas industriales, y muy notablemente los arrastreros de profundidad, son recompensados por su continua sobrepesca de nuestros océanos. Este mal uso del dinero público tiene que parar ahora. Subsidiar la reducción de la flota pesquera de España solo el 10% con 28 millones de euros no es proporcional ya que las flotas europeas deben reducirse a un nivel que permita a las poblaciones de peces recuperarse a niveles sostenibles para el año 2015. La nueva PPC debe establecer un marco claro para la reducción de la flota correspondiente y para restringir las subvenciones futuras, y premiar a las operaciones de pesca sostenible y los esfuerzos por mejorar el estado del ecosistema marino".

Notas:
(1) Real Decreto 1362/2011, de 7 de octubre, por el que se establece un Plan Nacional de Desmantelamiento mediante la paralización definitiva de las actividades de buques pesqueros españoles incluidos en censos de caladeros internacionales y países terceros.
(2) "La flota en el Atlántico Sudoccidental se encuentra en dificultades por los recursos disponibles y en Mauritania y África Occidental tanto la flota de cefalopoderos como la de marisqueros están al límite de posibilidades de pesca y su rentabilidad ha disminuido de
manera notable en los últimos años. En esta misma situación se encuentra la flota bacaladera que opera en las zonas CIEM I, II A y II B, así como en las zonas CIEM VI B y parte de XII y XIV B.