5.000 reclusos seguirán en prisión, al margen del acuerdo alcanzado por Israel y Hamás, soportando "restricciones, humillaciones y dolor"

La mitad de ellos está en huelga de hambre por el endurecimiento de sus condiciones de vida, una vuelta de tuerca del Gobierno para presionar y lograr la liberación del soldado

Se han prometido mejoras en las prisiones, pero por ahora no se han aplicado

1.027 presos palestinos quedarán libres antes de fin de año. Son el pago que Israel hace a Hamás para que, a cambio, regrese a casa el soldado Gilad Shalit, retenido y ya liberado en la franja de Gaza desde hace más de cinco años. 477 de esos reclusos (450 hombres, 27 mujeres) saldrán de prisión. En Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este preparan escenarios, banderas y fotos para la fiesta. Antes de fin de año, saldrán otros 550. Es una alegría que hace mucho esperaba el colectivo de presos palestinos, “de seguridad”, según la etiqueta de Israel; “políticos”, según la palestina.

Cuando ese millar largo vuelva a ver el sol, quedarán dentro de las prisiones israelíes otros 5.000 reclusos, defraudados por no ser ellos los hombres de la lista salvadora. No sólo desean la libertad por retornar con sus familias, por poder moverse libres o incluso por retomar la lucha (pacífica, armada, de todo hay), sino por escapar de las condiciones que, día a día, soportan entre rejas, una vida llena de “restricciones, humillaciones y dolor”, dice el abogado de Nablus Mahmud Amal. Para combatir esa rutina “injusta, que contraviene los derechos humanos”, la mitad de la población reclusa palestina se puso en huelga de hambre hace 15 días, antes de que soplara la esperanza del acuerdo por Gilad.

El soldado israelí Gilad Shalit, ya liberado, saluda al Primer Ministro de Israel. 18 de Octubre 2011. (Foto cedida a AP por Gobierno de Israel)

Su protesta es resultado del cumplimiento de una amenaza: en junio pasado, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunció su intención de endurecer las condiciones de los presos palestinos. Ahora, llegado el otoño, sus palabras se han convertido en realidad. “He decidido cambiar el tratamiento de Israel a los terroristas que están en prisión (…) Les daremos todo lo que se merecen de acuerdo con la legislación internacional, pero nada más. (…) Abandonaremos, entre otras cosas, la absurda práctica según la cual los terroristas que mataron gente inocente se alistan en estudios académicos. Ya no tendremos más doctores del terror (…) La fiesta ha terminado“, dijo públicamente. Ese mandato se ha concretado, con los meses, en una serie de restricciones. Entre las que denuncian los presos están el aislamiento, la separación de familiares en cárceles diferentes, la prohibición de estudiar, la reducción de los tratamientos médicos, las inspecciones “humillantes” crecientes, los “castigos colectivos”, el encadenamiento de pies y manos durante las visitas de familiares o el veto para ver canales de televisión árabes, enumeran los técnicos de Addameer (Prisoners´Support and Human Rights), una asociación palestina. “Es un empeoramiento claro de las condiciones de los presos”, resume el letrado.

Según datos de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), desde 1967 se han contabilizado ya 202 muertes de presos, asociadas según sus informaciones al “mal trato” que reciben en los calabozos, explicó la pasada semana en rueda de prensa el ministro de Asuntos para Prisioneros, Isa Qaresqea. “Son resultado directo de la tortura, la falta de tratamiento médico y los homicidios“, abunda. “Antes no tenían “beneficios excesivos”, como decía Netanyahu, pero ahora están en una situación límite“, insiste. Por eso desde la administración apoyan “totalmente” la huelga, que se completa con la negativa de los reclusos a vestir el uniforme de presidiario, a atender a los requerimientos y órdenes del personal israelí o a seguir los horarios del centro. Varias han sido ya las manifestaciones de solidaridad en las calles palestinas, desde sentadas en Ramala a huelgas de hambre de 24 horas en Jenín, pasando por huelga de funcionarios y de comerciantes y hasta manifestaciones en El Cairo, París, Toronto o Barcelona. En el plano internacional, el primer ministro palestino, Salam Fayyad, ha pedido al secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, que defienda los derechos “reconocidos internacionalmente a cualquier preso que se precie”. Lo mismo ha solicitado la Liga Árabe. Porque, “pese a que el Gobierno de Israel dice que cumple los mínimos internacionales, es incierto”, asevera el abogado Amal.

Para comenzar, relata, el IV Convenio de Ginebra dice que los presos de un territorio ocupado deberán permanecer el cárceles dentro de ese territorio ocupado, pero los palestinos están en una veintena de cárceles en Israel, todas salvo una. “Eso ya complica notablemente las visitas”, apunta. A eso se suma “las presiones psicológicas que Israel ejerce contra los presos para que delaten a familiares, la imposibilidad de tener una adecuada atención médica, las restricciones de ver a sus allegados… Todo eso va contra los estándares de humanidad mundiales“, refrenda el ministro. Un informe elaborado por Addameer refleja una dura realidad: cárceles superpobladas (el espacio se ha reducido de 3,4 metros cuadrados por interno a 2,9), sin condiciones higiénicas, muy afectadas por la humedad, con escasa comida y de mala calidad… En centros como los de Megido, Ofer y Ketziot, incluso, hay presos instalados en tiendas de campaña, “haga frío o haga calor”; no hay especialistas sanitarios, apenas se hace seguimiento de los enfermos y los médicos no hablan árabe, “lo que reduce las posibilidades de un tratamiento efectivo”. Calcula la asociación que al menos 1.500 presos sufren alguna patología relacionada con su encierro y que cada año hay 2.000 episodios de tortura que no se investigan, según relatan los internos, un dato corroborado por las ONG israelíes B´Tselem y Hamoked. “Eso viola además la jurisprudencia del Supremo israelí, la Convención contra la Tortura de la ONU, la Declaración de Derechos Humanos, al menos tres resoluciones de Naciones Unidas…”, dice la asociación.

Todos estos datos, hay que precisar, son negados sistemáticamente por el Gobierno de Israel, que insiste en el trato “justo” que reciben los reclusos y en la idoneidad de las instalaciones. Sobre la huelga, insisten en que el seguimiento es “mínimo”, 234 personas. Cruz Roja se ha quejado de que no tienen los permisos que querrían para constatar la versión de Israel.

El capítulo de las visitas merece una atención aparte: como las cárceles están en Israel, los familiares de los presos necesitan el preceptivo permiso para entrar en su territorio, que se concede con cuentagotas (menos de la mitad de los que se solicitan) y hay que renovar año tras año. Los hombres de entre 16 y 35 años no pueden entrar en las prisiones, por motivos de seguridad, con lo que se veta la entrada a hijos, hermanos, nietos… La ANP sostiene que hay 2.000 reclusos que no pueden recibir visita alguna de sus parientes, 650 en Gaza. “Por cosas así es por las que nuestra gente está dispuesta a llegar donde sea… por eso es posible que ocurra una catástrofe y que caigan mártires en esta fase de lucha”, avisa Qaresqea. No son pocos los familiares que afirman que sus internos “no pueden ponerse en pie y muestran un grave desgaste físico”.

Un monitor de Cruz Roja, en una reunión con familiares de presos. / Cruz Roja

El Ministerio de Justicia de Israel ha aceptado algunas de las peticiones de los presos, pero por el momento aún no se están aplicando: tendrán acceso a atender a las visitas sin esposas en manos y pies (se mantiene el cristal intermedio, el teléfono para comunicarse y los plazos, una visita de 45 minutos cada 15 días), podrán moverse para visitar a familiares entre distintas secciones de una misma prisión, se les permitirá que vean canales de televisión árabes y también se incluirá el pollo entero en su dieta, un dato con el que algunos medios israelíes no paran de bromear pero que, sí, reclamaban los presos, porque es tradicional en su gastronomía.

La huelga tiene como base, además, el rechazo a los modos en los que se producen las detenciones. La ANP sostiene que, de los 280 menores de edad internados en cárceles de Israel, 270 están bajo la etiqueta de “detención administrativa”, esto es, sin acusación formal alguna. Se trata de arrestos de duración indefinida, en los que la acusación se hace con pruebas secretas y sin cargos claros, alegando motivos de seguridad. Inicialmente, se aplican condenas de seis meses, pero se renuevan de forma indefinida, con lo que nunca se sabe cuándo acabará. En todo ese tiempo, nunca se informa al preso de las causas de su retención y los accesos con su abogado son “limitados“, por los mismos motivos de alta seguridad.

Amna Darameh sostiene una foto de su hijo, en "detención administrativa".

En ese limbo se encuentra Lanan, hijo de Amna Daragmeh, un chico de Qalandia, un campo de refugiados cisjordano. Fue detenido en septiembre de 2010, después de participar en una manifestación en Jerusalén Este tras la muerte de un joven, al que disparó el vigilante de una colonia judía en Silwan. Usó su permiso para pasar a la capital y se encontró allí con varios primos. “No se metió en problemas y volvió a casa temprano, pero unos días después vinieron por la noche a casa y se lo llevaron“, explica la madre. Constata que estuvo en la marcha, “¿pero eso qué delito es?”. Le aplicaron la detención administrativa y, en este año largo, no han podido aclarar qué cargos se le achacan. Sólo ha podido ver tres veces a su abogado. “Tiene 21 años, trabajaba de mecánico, sin meterse en problemas. Su sueldo nos ayuda en casa, somos seis personas… ¿Cuándo vendrá?”, suspira Amna. No la calma saber que “muchos” de sus vecinos sufren una situación parecida. Sólo las visitas a la prisión de Ketziot lo hacen. El problema es que está en el sur de Israel, casi en la frontera con Egipto, a unas cuatro horas de camino. “Tardé tres meses en tener permiso para ir a verlo y no siempre puedo cuando me corresponde, porque estoy mal de las piernas y un viaje así en autobús, ida y vuelta, me deja muy cansada. Pero lo intento…”, relata. Su hijo no ha entrado en el canje por Shalit, del que Amna se alegra. “Ningún joven debe gastar su vida en un agujero, ni Gilad ni mi hijo, ni un judío ni un palestino. No es humano”. Su esperanza ahora está en la carta que ha llegado al abogado, diciendo que la causa del joven se verá dentro de dos meses en el juzgado. “Seguro que ven que es un error. Mi hijo es bueno”, concluye.

La esperanza colectiva está en Shalit. No sólo porque su regreso a casa, a Mitzpe Hila, con su familia, lleve a casa a otros mil presos, sino porque el gesto supone abrir la puerta a futuras negociaciones, a canjes, a diálogo. Israel endureció las condiciones de los reclusos para presionar y que surgieran noticias sobre el soldado. Ahora, con él de vuelta, la pregunta es si darán marcha atrás y volverán al punto de partida, “malo pero mejor que el actual”, dice el ministro. La luz llega más allá de las prisiones, hasta Gaza: Israel ha dicho que “dependiendo del comportamiento de Hamás”, habría posibilidad de rebajar el bloqueo que atenaza la franja desde hace cuatro años, que si vuelven los observadores internacionales a los pasos fronterizos “es posible” que se permita la entrada de nuevos bienes y materiales, y en mayor cantidad. A eso se aferran en Palestina, a que el final de esta pesadilla ayude a acabar con las propias