Santander.- Para un territorio como Andalucía, con 4,5 millones de hectáreas de espacio natural –más del 50% del territorio-, el valor añadido del capital ambiental fue “once veces superior” al medido en 2010 con la metodología actual de la Oficina Europea de Estadística (Eurostat). Es una afirmación de Pablo Campos, investigador científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y codirector del encuentro Ecosystem accounting: recent experiences and future developments de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), que ha explicado en rueda de prensa, junto a Alejandro Campos, codirector y director del Instituto de Políticas y Bienes Públicos (IPP) del (CSIC), los nuevos métodos de valoración y sistemas de cuenta del capital forestal y ambiental que han desarrollado.
Es, según Campos, “un dato que constata la necesidad de elaborar un PIB verde donde estarían incorporados los resultados de las cuentas de los ecosistemas”, y que aportaría “a la renta que ya miden las naciones de sus actividades económicas, cuánta renta ofrece la naturaleza”. Un valor que “ahora está omitido, porque sencillamente no es valorado”: los servicios recreativos, la biodiversidad, el valor del paisaje o el valor ambiental del agua que precipita en las zonas bosques que se utilizan para el regadío, entre otros.
Es, según Campos, “un dato que constata la necesidad de elaborar un PIB verde donde estarían incorporados los resultados de las cuentas de los ecosistemas”, y que aportaría “a la renta que ya miden las naciones de sus actividades económicas, cuánta renta ofrece la naturaleza”. Un valor que “ahora está omitido, porque sencillamente no es valorado”: los servicios recreativos, la biodiversidad, el valor del paisaje o el valor ambiental del agua que precipita en las zonas de bosques que se utilizan para el regadío, entre otros.
Tanto Campos como Caparrós, investigadores científicos del Instituto de Políticas y Bienes Públicos (IPP), han trabajado en la elaboración de nuevas metodologías específicas para medir y valorar estas “rentas ambientales” que son omitidas en los cálculos de PIB. “Una experiencia piloto y experimental” que se desarrolló en el ámbito geográfico de Andalucía, cuyos resultados se publicaron en 2016 -detalla Campos-, y que ahora se conecta con las iniciativas de Naciones Unidas y de la Comisión Europea de elaboración de reglamentos que desarrollarán futuras cuentas europeas de los ecosistemas previstas “para 2021 o 2022”.
Caparrós, director del IPP, ha subrayado que el objetivo “es ofrecer cantidades comparables a las que se calculan en valores comerciales de los Productos interiores brutos de los países. “Merece la pena hacer el esfuerzo de ofrecer esta información adicional, porque no es marginal. Nos estamos dejando fuera una parte importante de la riqueza generada por el bosque”, ha reconocido el investigador.
Para poder establecer estas cantidades comparables, los investigadores del CSIC han simulado y calculado precios de los diferentes recursos y servicios ambientales. “Nos podemos poner de acuerdo en que este es un método adecuado para estimar ese valor, llevarlo a la práctica ya sería una cuestión política”, ha incidido Caparrós. “Nosotros somos científicos y producimos información que es útil para la toma de decisiones por parte del Gobierno”, aunque ambos difieren en la idoneidad de estos cobros o tasas en determinados servicios, como el uso recreativo de los espacios naturales.
Así, Campos ha vaticinado que una vez consideradas estas cuentas de ecosistemas, el futuro de la conservación de la naturaleza va “hacia una mayor economía comercial de los servicios ambientales, más compensación pública donde haya en riesgo elementos de diversidad relevantes, y más regulación para hacer protección de aquellos que están amenazados o en peligro de extinción”, ha asegurado. En conclusión, el investigador del CSIC ha establecido que la gestión de la naturaleza será “más activa, privada y pública, en una situación mixta de cooperación”.
Fotografía: Esteban Cobo | UIMP 2018
