Greenpeace considera que la contaminación por aguas residuales es una asignatura pendiente, que debe ser prioritaria. Desde 2005 la organización ecologista está denunciando la insostenible calidad del agua en ríos y costas españolas

La Unión Europea ha confirmado hoy lo que Greenpeace lleva denunciando desde hace más de una década: España tiene un grave problema de contaminación por aguas residuales, por lo que ha sido condenada a una multa millonaria. La contaminación por aguas residuales es, por su volumen e intensidad, el factor que más afecta a la calidad de las aguas continentales españolas. La organización ecologista considera que ésta es una asignatura pendiente a la que aún no se ha puesto solución.

“La lucha contra la contaminación de nuestras aguas debe ser prioritaria. Es mucho más efectivo cambiar las actuales medidas que no garantizan la calidad de las aguas para la vida silvestre o para el consumo humano que construir nuevas infraestructuras hidráulicas como embalses o trasvases”, ha señalado Julio Barea.

La nula o deficiente depuración de las aguas residuales urbanas afecta a la calidad de las aguas a nivel estatal, tanto en ríos como en costas. Muchos de los lugares señalados por Bruselas (como Gijón, Vigo, Matalascañsa, Santiago de Compostela, Peñíscola, Benicarló, etc.) estaban en el foco de Greenpeace, que ha recogido esta situación en diversos informes desde 2005.

A pesar de que su toxicidad es inferior a la de otros agentes contaminantes (por ejemplo, la industria química), el volumen de los vertidos urbanos ha adquirido tal importancia que podría afirmarse que, en muchos casos, es el principal causante de la pérdida de calidad y degradación del medio hídrico. Todavía existen decenas de municipios y ciudades que no depuran convenientemente sus aguas. Hay plantas construidas que no están funcionando y otras que lo hacen de forma deficiente.

Greenpeace considera que para solucionar esta situación y evitar futuras sanciones sería necesario que:

El Gobierno y las CCAA establezcan planes reales, y que se cumplan, de depuración del 100% de las aguas residuales urbanas así como articular un sistema de supervisión del correcto funcionamiento de las depuradoras. La existencia de una de estas instalaciones no implica necesariamente que esté funcionando o que lo haga de forma adecuada. En demasiadas ocasiones, sólo existe un tratamiento primario (retirada de sólidos). En otros muchos casos, después de realizar una importante inversión económica, la depuradora no se pone en funcionamiento porque los ayuntamientos no son capaces de atender el nivel de gastos que supone para las arcas municipales.

Las CC.AA. y los ayuntamientos tienen que apostar por sistemas separativos de los vertidos de aguas urbanas e industriales para lograr un correcto grado de depuración.

Las CC.AA. tienen que controlar los vertederos y puntos críticos de contaminación especialmente peligrosos y con antecedentes contaminantes.

Greenpeace se encuentra estos días recorriendo las costas españolas a bordo de su barco Esperanza para denunciar, precisamente, el deterioro de los recursos naturales del litoral, mermados, entre otras causas, por esta problemática. No en vano, el 80% de los recursos ambientales de la costa están degradados tras 30 años de urbanización masiva. La organización ecologista presentaba ayer su informe ‘A Toda Costa’ en el que analiza pormenorizadamente la situación del litoral en cada comunidad autónoma.