Este órgano será el encargado de determinar la eliminación de los expedientes procesales o la transferencia al Principado para su conservación- La Dirección General de Justicia ultima un contrato externo para la prestación del servicio de recogida y custodia de los fondos
El Gobierno de Asturias, el Tribunal Superior de Justicia (TSJA) y la Fiscalía Superior han puesto hoy en marcha la Junta de Expurgo de documentos judiciales, un órgano colegiado que se encargará de decidir la eliminación de los expedientes procesales o su transferencia al Principado, cuando por su valor histórico o documental deban preservarse. La Junta de Expurgo, que fue creada mediante el Decreto 90/2013, de 30 de octubre, en el que se determina su organización, composición y funcionamiento, es un organismo de naturaleza administrativa adscrito a la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, el departamento competente en materia de justicia, que aportará los medios materiales y el soporte administrativo y técnico para su funcionamiento.
Está compuesta por cinco personas. En primer lugar, la presidencia recae en el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias y la secretaría la ocupará un funcionario adscrito a la Consejería de Presidencia. Además, contará con tres vocales: un miembro de la carrera fiscal, el titular de la secretaría de gobierno del TSJA y un técnico superior especialista del Archivo Histórico de Asturias. El inicio de la actividad de la junta es una de las acciones previstas por el Gobierno de Asturias para poner en marcha un Plan de Archivos Judiciales y acometer una actuación integral en los espacios de almacenamiento de juzgados y tribunales.
Como paso previo a esta actuación, en los últimos años se ha trasladado diferente documentación al Archivo Histórico de Asturias. Además, en noviembre de 2017 la Dirección General de Justicia contrató un servicio externo de tratamiento archivístico de los expedientes obrantes en el archivo general de la sede judicial de la calle Concepción Arenal, en Oviedo, al que se destinaron 21.659 euros. En este caso, las actuaciones consistieron en la preparación física de la documentación (eliminación de elementos de sujeción, duplicados y escritos no necesarios), y la descripción normalizada de cada expediente en una base de datos, logrando un aprovechamiento racional del espacio y una clasificación de los archivos que mejora los criterios de búsqueda y localización de expedientes.
Con el objetivo de avanzar en esta línea y de cara a la puesta en marcha del Plan de Archivos Judiciales, el Gobierno de Asturias tramita actualmente un contrato externo plurianual, hasta 2019, para la prestación del servicio de recogida, archivo y custodia de fondos documentales de los órganos judiciales, cuyo precio base de licitación se estima en 570.000 euros. Será precisamente la Junta de Expurgo la que determine los expedientes que pueden ser destruidos, al haber perdido su utilidad, y cuáles deben ser conservados por su valor histórico o cultural.
