La portavoz del GPS y vicesecretaria general del PSOE ha defendido en el Congreso la ley orgánica socialista para regular la eutanasia. Adriana Lastra ha pedido a los grupos parlamentarios "que no se queden al margen" ante "el avance legislativo del siglo XXI" que proponen los socialistas. "Hemos elaborado esta proposición de forma intensa y concienzuda", ha explicado a la Cámara.

La portavoz socialista, Adriana Lastra, ha defendido una proposición de ley de regulación de la eutanasia, que será tomada en consideración por el Pleno de la Cámara. “Un nuevo avance legislativo en materia de derechos que como siempre en la historia de nuestro país, viene de la mano del Partido Socialista”, ha subrayado Lastra.

“Presentamos esta proposición de Ley sobre regulación de la Eutanasia desde el respeto a la dignidad, a la libertad y a la autonomía de la voluntad de esas personas cuya única perspectiva actual es sufrir y desean poner fin a su calvario. Son casos extremos como consecuencia de un pronóstico irreversible y un deterioro sin esperanzas, que hace que estos ciudadanos y ciudadanas quieran decidir por sí mismos cuándo y cómo morir. Es su último deseo, su último derecho y su última libertad: morir bien”, ha enfatizado la portavoz socialista.

Esta proposición de ley reconoce el derecho a poner fin a la propia vida en estos dos supuestos: enfermedad grave e incurable o padecer una discapacidad grave y crónica. Además, incluye la prestación de la ayuda a morir en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud garantizando su acceso con carácter universal y gratuito. Y establece un marco jurídico y sanitario de garantías suficiente que incluye me mecanismos que aseguren que la decisión de la persona sea autónoma, libre de presiones, informada y sostenida en el tiempo.

Lastra ha asegurado que el debate sobre la regulación de la eutanasia “ha ido alcanzando cada vez un mayor apoyo político y social” -según un estudio de Metroscopia de 2017, el 84% de los encuestados es partidario de permitir la eutanasia en caso de enfermedad incurable-, y, tras regular los cuidados paliativos y el derecho a una muerte digna, “es el momento de enfrentar la cuestión de la regulación de la eutanasia, es decir, del acto deliberado de dar fin de forma anticipada a la vida a petición propia, con objeto de evitar un sufrimiento”. “Son dos debates distintos, que pueden ir en paralelo, pero que creemos conveniente no mezclar”, opinó.

La iniciativa se ha llevado a cabo en colaboración con profesionales sanitarios y con las asociaciones que defienden el derecho a morir dignamente: “Queríamos conseguir un texto capaz de concitar el suficiente consenso entre las fuerzas políticas pero también entre los profesionales sanitarios y, por supuesto, en la sociedad en su conjunto”. “Optamos por el modelo de aquellos países que se han dotado de una regulación más garantista”, ha explicado Adriana Lastra. Para ello, los socialistas van más allá de la proposición de ley del Parlament de Catalunya que ya se está debatiendo en la Cámara y que se limita a despenalizar la eutanasia, y proponen una “regulación de todo el proceso, incluyéndola como prestación universal y ofreciendo las garantías de seguridad jurídica y sanitarias suficientes”.

La portavoz socialista ha puesto el acento en la necesidad de garantizar el complejo y necesario equilibrio entre diferentes derechos: el derecho a la vida, la integridad física y moral, la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad, la autonomía de la voluntad: “Esta regulación garantiza -como no podía ser de otra manera- la protección del derecho fundamental a la vida que reconoce el artículo 15 de nuestra Constitución, pero también el reconocimiento de que habrá de modularse en función de otros valores, sobre todo, el de la dignidad de la persona”.

“Defendemos la posibilidad de que cada persona pueda tomar una decisión sobre su propia vida, de forma libre y consciente, sin que ello suponga un reproche jurídico, y mucho menos reproche penal, cuando la vida resulta incompatible con nuestra propia concepción de lo que es una vida digna, bien por sufrir una enfermedad grave e incurable o una discapacidad grave crónica, que supongan, en ambos casos, un sufrimiento físico o psíquico intolerable para quien lo padece”.

“Pido que se olviden de prejuicios morales y religiosos y acompasen su voto al sentir de la ciudadanía española que nos está demandando una respuesta decidida sobre esta materia. Que no se queden al margen, como han hecho tantas veces, de los avances que les proponemos en materia de derechos”, finalizó.