España tiene la flota pesquera más grande de Europa que se mantiene con miles de millones en subsidios (más del doble de la cuantía de las subvenciones recibidas por cualquier otro país de la UE). Entre 2000 y 2006 España recibió alrededor del 44% de los subsidios, y entre 2007 y 2013 cerca del 26%. Pero este dinero no ha ido destinado a la flota mayoritaria y que más empleos genera, la denominada de bajura, compuesta por pequeños barcos que faenan en aguas nacionales. Los subsidios se dirigen a las grandes flotas, que solo suponen el 20% del total pero pescan el 87% de las capturas. Estas flotas faenan mayoritariamente en el Atlántico y el Pacífico, donde provocan un fuerte impacto social y medioambiental.

“Si España continúa con esta práctica se prevé que menos del 10% de los stocks pesqueros mantendrán niveles sostenibles en 2022. Las principales áreas de pesca se volverán improductivas en poco más de una década”, ha declarado Celia Ojeda, responsable de la campaña de Océanos de Greenpeace. “Las actuales políticas pesqueras, tanto de la Unión Europea (UE) como del Gobierno español, están favoreciendo a las grandes flotas industriales en detrimento de la pesca artesanal y local”.

La política llevada a cabo hasta el momento por el Gobierno español fomenta la desaparición de las especies de profundidad y la destrucción de los hábitats debido al gran impacto que generan las redes de arrastre. Todo esto financiado con fondos públicos. Los datos demuestran que:
- entre 1996 y 2010 la pesca de arrastre de profundidad ha recibido unos 142 millones de euros;
- unos 107 barcos pueden pescar con arrastre de profundidad en el Atlántico Norte; estos representan el 0,95% del total de la flota española y todos ellos han recibido algún tipo de subvención;
- de los 47.500 empleos producidos por el sector pesquero español, la flota de arrastre de profundidad genera 2.261 puestos de empleo, lo que representa el 5.94% del total de trabajos a bordo, mientras que la flota artesanal oferta el 28,35%;
- a pesar de que los científicos y Naciones Unidas recomiendan el cierre de la pesquería se pueden encontrar especies de profundidad en todos los supermercados.

El actual estado de los recursos pesqueros muestra que las anteriores reformas de la PPC no han servido para asegurar el futuro de la actividad pesquera, ya que el 77% de las poblaciones de peces están completamente explotadas o sobreexplotadas. España, la nación más influyente en las negociaciones de la reforma de la Política Pesquera Común, está favoreciendo con sus actuaciones la sobreexplotación de los stocks.

“En la flota europea y especialmente en la española existe una sobrecapacidad pesquera y esta debe ser atajada desde los gobiernos y desde la Unión Europea. La Política Pesquera Común es la herramienta que debe fomentar la reducción de la sobrecapacidad y una gestión sostenible de los stocks pesqueros”, ha señalado María José Caballero, directora de Campañas de Greenpeace.

La organización ecologista solicita a los Estados miembros de la UE y al Parlamento Europeo que la reforma de la PPC contemple:
La reducción del exceso de capacidad, dando prioridad al desguace urgente de los barcos más destructivos para los ecosistemas y poblaciones, y la eliminación de las prácticas pesqueras con numerosas capturas accesorias como la pesca de arrastre de profundidad;

Cambiar las prácticas pesqueras dañinas para el medio ambiente por aquellas sostenibles, es decir, pesquerías de bajo impacto donde los recursos marinos se distribuyen de forma equitativa y se garantiza el suministro de alimento ahora y en el futuro

Reformar la política de subsidios para poner fin a las subvenciones  que contribuyen a la pesca destructiva, garantizar las inversiones que restablezcan y mantengan los recursos pesqueros y la salud de los ecosistemas marinos, así como prohibir el apoyo a medidas que aumenten la capacidad pesquera;
Establecer cuotas de acuerdo con las recomendaciones científicas y garantizar la recuperación de las poblaciones de peces por encima de niveles que puedan soportar el rendimiento máximo sostenible para 2015;

En el contexto de los acuerdos y compromisos internacionales de la UE para lograr una pesca sostenible, Greenpeace pide que no se autorice ningún tipo de pesca de profundidad en alta mar donde se hayan establecido medidas de conservación y que estas sean efectivas e implementadas.