· El sector de la construcción analiza la nueva ley de contratos del sector público que conlleva la inclusión de las cláusulas sociolaborales
Gijón/Xixón.-La contratación pública “no puede limitarse al aprovisionamiento de bienes y servicios que son necesarios para la consecución de sus fines”, sino que debe perseguir “fines de otra índole como, por ejemplo, medioambientales”. Así lo ha afirmado el letrado del Servicio Jurídico del Principado de Asturias, Pedro Isidro Rodríguez en el marco de la jornada divulgativa sobre contratación y subcontratación en el marco de la nueva ley 09/2017 de contratos del sector público.
El objetivo de este encuentro, que se ha celebrado esta mañana en el recinto Ferial Luis Adaro de Gijón, era analizar y evaluar cómo se aplicará esta nueva ley del 8 de noviembre. De acuerdo con el artículo 145 de esta norma, el legislador debe distinguir entre criterios económicos y de calidad, prevaleciendo estos últimos. Unos conceptos que deben quedar aclarados en los contratos. “El contenido de los pliegos debe referirse por contrato legal a todas las cláusulas y deberes, en cuanto a cuáles son y cómo se satisfacen. El contrato nos debe decir de qué manera vamos a cumplir con estas condiciones y qué efectos se atribuyen al incumplimiento de las mismas”, resaltó Isidro Rodríguez. Sin embargo, respecto a los elementos sancionadores “aún no se ha concretado cuál será el papel de la Inspección en este campo”, aclaró en su ponencia el subdirector general de Relaciones Institucionales y Asistencia Técnica del Organismo Estatal de Inspección de trabajo y Seguridad social, Gonzalo Giménez quien añadió que “quizá haya que llegar a acuerdos con los órganos de contratación”. Giménez se mostró convencido de que “el sector de la construcción jugará un papel muy importante en la autorregulación de esta norma”. Consideró algo “muy novedoso” el hecho de que tanto la patronal como las organizaciones sindicales tengan la opción de presentar un recurso “en aquellos casos en los que consideran que se están haciendo las cosas mal”.
Por su parte, la catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Carolina Martínez Moreno se ciñó a los aspectos laboralistas de esta leyque deriva de la UE. “Supone una dificultad de comprensión y de cumplimiento debido a que estas directrices no tienen mucho que ver con nuestro propio marco normativo”, explicó. Con la inclusión de las cláusulas sociolaborales que establece la ley se llevará a cabo “un cambio en la contratación por parte de la administración y el criterio económico ya no puede ser único”, afirmó el consejero de Empleo, Industria y Turismo, Isaac Poladurante el acto de presentación de las jornadas. Pola adelantó que “es previsible que se realice un seguimiento puntual de las obras” para comprobar que las empresas cumplen con lo pactado.
En la presentación de las jornadas también estuvieron presentes el Vicepresidente 1º de la CAC- ASPROCON, Daniel Llamazares; el secretario general de CCOO de Construcción y Servicios de Asturias, Jeremías Dos Santos y el secretario General de la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT, Jenaro Martínez. Todos ellos coincidieron en que esta ley era “algo muy necesario” y constituye un “marco propicio para las mejoras de la contratación”. Los representantes del sector de la construcción confían en que sea la solución para acabar con la proliferación de los falsos autónomos, el encuadramiento irregular del convenio y la competencia desleal de determinadas empresas. Situaciones que denuncian desde el año 2015 y que recogieron en el “Informe de situación del sector de la construcción”.
