El Ejecutivo ha aprobado una partida de ocho millones para financiar la atención y funcionamiento de los servicios de justicia gratuita, un recurso que garantiza este derecho constitucional para aquellos colectivos más vulnerables y quienes acrediten insuficiencia de medios para litigar. La cuantía se distribuye entre los colegios de abogados de Oviedo y Gijón y los procuradores. Este acuerdo, que ...
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