Las ONG Amigos de la Tierra y Alianza por la solidaridad recogieron más de 20.000 firmas para exigir la retirada del proyecto de la transnacional para construir una presa en el río Canbalam.

Moncho Varela/AM

Ambas organizaciones, así como las comunidades locales, han celebrado la renuncia de Ecoener-Hidralia y el fin de un conflicto que ha derivado en graves problemas como el de la persecución, asesinatos, criminalización y encarcelamiento de líderes indígenas que tan sólo defendían los derechos de sus comunidades.

La empresa ya había paralizado las obras hace meses en el departamento guatemalteco de Huehuetenango, así como retirado los cargos contra los representantes denunciados y encarcelados por rechazar la implantación de la hidroeléctrica en un territorio de gran valor ambiental, considerado sagrado por los pueblos indígenas Q’anjob’al, Chuj, Akateko, Popti’. Sin embargo, no había renunciado oficialmente a la concesión, por lo que las comunidades temían su regreso en el futuro.

Amigos de la Tierra recuerda en un comunicado que la empresa se asentó en el país "vulnerando los derechos de las comunidades residentes en la zona, violando el derecho a una consulta previa sobre la obra, libre e informada, y fomentando la represión contra los líderes de las comunidades que se opusieron a ella". Ante la falta de consenso, las propias comunidades realizaron una consulta popular, en la que más del 90% de la población se opuso de manera rotunda a los planes de Ecoener-Hidralia.

Según una investigación realizada por Alianza por la Solidaridad, la empresa hidroeléctrica no aportaba ninguna mejora a las comunidades afectadas ni en empleo, ni en servicios, ni ningún tipo de beneficio social o medioambiental.

Por eso, para Alianza por la Solidaridad y Amigos de la Tierra esta renuncia pone de manifiesto "la importancia de apoyar las reivindicaciones de los pueblos indígeneras frente a la llegada de transnacionales que no tienen en cuenta los derechos de las comunidades", apoyando la necesidad de un tratado que sea vinculante a nivel internacional "que ponga fin al acaparamiento de recursos naturales por parte de grandes empresas nacionales y extranjeras con el apoyo de los gobiernos".