"El retirar no es huir ni el esperar es cordura cuando el peligro sobrepuja a la esperanza"

El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha

(Miguel de Cervantes Saavedra, 1605) 

Últimamente y cada vez con más razón, cabe preguntarse si estamos gobernados por muertos vivientes, si todos los responsables políticos del sector industrial pertenecen a la misma fraternidad o si la disfunción creativa es condición indispensable para llegar a ser gestor de la cosa pública.

Ahora no son cuatro locos ecologistas los que intentan proteger a ese bello gato echado al monte, el lince ibérico, de la minería de tierras raras en Castilla-La Mancha, sino que es el Consejo de Seguridad Nuclear el que ha lanzado la alerta.

Podrá gustar o no pero lo anunciado por el organismo tras analizar el alcance y contenido de los estudios de impacto ambiental de tres de los proyectos de minería de tierras raras previstos en la comarca del Campo de Montiel no deja lugar a dudas. Porque para el CSN "las actividades previstas en los proyectos de explotación son susceptibles de generar un impacto radiológico para los trabajadores, el público y el medio ambiente".

El wifi o el microondas también emiten radiación, dirán algunos, y por aquí seguimos vivos y coleando sin que nos pase nada. Recuerda este curioso planteamiento a aquella falacia "vendida" por la grandes transnacionales del sector aurífero de que el cianuro, ese elemento extremadamente tóxico utilizado en ciertos tipos de minería metálica para separar el oro de la roca durante la fase de lixiviación, es un compuesto con el que convivimos habitualmente, tanto que hasta las pepitas de manzana o los huesos de melocotón lo incorporan de manera natural a través de una sustancia precursora denominada amigdalina. La cuestión es, ¿pueden provocar un problema de salud pública o una catástrofe ambiental a gran escala? Francamente no lo parece.

La realidad es que, comentarios aparte, el CSN no bromea al actuar con la ley en la mano y de manera preventiva afirmando que a las actividades laborales asociaciadas a los proyectos de minería de tierras raras en el Campo de Montial "les es de aplicación lo indicado en el título VII del Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes", razón por la que la empresa tiene la obligación de declarar este hecho ante el órgano competente de la Administración autonómica "y de llevar a cabo un estudio de riesgo radiológico para los trabajadores y para la población del entorno".

A la vista del caso, parecen no quedar muy lucidas (ni lúcidas) las declaraciones del actual Director General de Industria de la Junta de Castilla-La Mancha José Luís Cabezas alertando de la rebeldía de las hordas locales y comparando en Cadena Ser el pasado mes de enero estos proyectos con una explotación de cantera sin apenas impacto. 

Seguro que es la mayoría absoluta de las Cortes Regionales de la autonomía la que se equivoca al mostrarse contraria a los proyectos mineros y afirmar textualmente que el plan extractivo condiciona "el modelo de desarrollo económico, social y ambiental de la zona afectada". Tanto como el propio CSN.