Dentro de no mucho tiempo, alguien llegará a preguntarse qué desequilibrio en la mente humana pudo permitir lo que está sucediendo en el Concejo de Belmonte de Miranda, y de cómo llegaron a arruinarse por completo algunos de los mejores valles de la Cordillera Cantábrica.
En su programa "Caminos Naturales", el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) define la zona como un recorrido "que lejos de dejar indiferente al caminante, lo sorprende con rincones naturales de belleza extraordinaria en las comarcas montañosas más espectaculares, y lo acerca a un mundo rural donde las costumbres y labores tradicionales del campo siguen marcando los modos de vida en numerosos casonas y aldeas".
En una parte de Belmonte eso es algo que ya nunca volverá a ser, primero, tras la brutalidad de la minería del oro a cielo abierto, y ahora con la explotación en galería y nuevas, casi infinitas prospecciones en grandes áreas del territorio asturiano con la insultante complicidad del poder de turno. La falta de control ha derivado en cianuro y drama en lo ambiental y también en lo político.
PARA LA FISCALÍA SOBRAN INDICIOS
Para quien tenga dudas al respecto, el pasado mes de julio la Sección de Medio Ambiente de la Fiscalía del Principado de Asturias formuló denuncia por un presunto delito contra el entorno natural ante el Juzgado de Guardia de la localidad de Grado por la grave contaminación de las aguas del río Cauxa, afluente del Narcea, y sus alarmantes niveles de selenio y otras sustancias tóxicas procedentes de la actividad minera.
La acusación, dirigida a Orovalle Minerals S.L. (antes denominada Kinbauri España S.L.U.), fue efectuada por un presunto delito contra el medio ambiente recogido en el artículo 325 del Código Penal, actuando también "contra las personas físicas concretas que, formando parte de sus órganos de dirección y/o control, permitieron por acción u omisión las conductas contaminantes".
De las diligencias practicadas por la Fiscalía asturiana se desprende que el río Cauxa, a su paso por las instalaciones mineras "viene soportando la emisión de una serie de vertidos de sustancias catalogadas como peligrosas, que no se encuentran amparadas en ninguna autorización", señalando también que "la mercantil es conocedora de estas emisiones no autorizadas y contrarias a la normativa administrativa", dado que "todo vertido al dominio público hidráulico debe de estar previamente autorizado por el correspondiente organismo de cuenca de conformidad con la ley de aguas".
EL "EXTRAÑO CASO" DEL "AZNALCÓLLAR DEL NORTE"
También en el verano de 2015, la Coordinadora Ecoloxista d'Asturies había solicitado información a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) ante el conocimiento de una denuncia a la minera Orovalle y la apertura de un nuevo expediente en su explotación de El Valle-Boinás, que anteriormente había recibido dos sanciones, una de 54.389 euros en 2013 y otra de 242.920 euros en 2014 por la presencia de sustancias dañinas en valores no autorizados tales como cianuro, arsénico, selenio, cadmio, cobre y zinc.
Recordaba entonces la entidad que los contínuos vertidos denunciados "sólo han tenido respuesta por parte de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico" y que "a fecha de hoy ni el Gobierno de Asturias ni el Ayuntamiento de Belmonte a pesar de sus competencias han abierto expediente sancionador a la minera", lo que da idea "de la desidia y dejación de funciones del Gobierno Asturiano y del Ayuntamiento con los vertidos mineros del oro y sus impactos futuros" para las poblaciones cercanas a la cuenca del Narcea.
