Tal día como hoy, hace 5 años, se aprobaba en Bruselas la resolución P7 TA(2010) 0145 del Parlamento Europeo sobre la prohibición general del uso de las tecnologías mineras a base de cianuro en la UE. Dicha propuesta no fue casual, sino fruto de un trabajo paciente y metódico llevado a cabo desde el año 2000.
El fatídico 30 de enero de ese año, se rompió el dique de contención de una balsa minera de residuos de una mina de oro en Aurul (Rumanía), propiedad de la empresa Remin, S.A., coparticipada por el Gobierno rumano y la compañía australiana Esmeralda Exploration Ltd., provocando el accidente ambiental más grave sucedido en territorio europeo después de la catástrofe nuclear de Chernóbil y vertiendo al Danubio y algunos de sus afluentes más de 100.000 m³ de lodos tóxicos y aguas residuales con una concentración de 126 mg. de cianuro por litro, superando en más de 700 veces los límites autorizados. ¿El resultado? Pues parte del sistema hídrico del río Danubio completamente arrasado y más de dos millones y medio de personas sin suministro de agua potable.
Como desgraciadamente sucede en este y otros tantos casos, la reacción de la compañía minera australiana fue la esperada, hacer las maletas dejando un regalo envenenado para los habitantes de la región y sus impuestos. De hecho, haciendo una valoración posterior, la Unión Europea certificó que el desastre había dañado seriamente los ecosistemas, afectando al recurso de agua potable y a las actividades económicas tradicionales por la elevada tasa de residuos tóxicos -en especial de metales pesados-, depositados en los cursos fluviales.
Este fue, pues, el punto de partida de la resolución europea contra el cianuro, un texto que puede o no gustar, puede interesar o no, pero que en ningún caso deja lugar a dudas -ni debería dejar indiferente a nadie-, al considerar "que el cianuro es una sustancia química altamente tóxica", que la Directiva Marco del Agua -principal norma de base la para la gestión del recurso hídrico en Europa-, está clasificado "como uno de los principales contaminantes y puede tener un impacto catastrófico e irreversible en la salud humana".
La resolución recuerda "que en los últimos 25 años se han registrado más de 30 accidentes importantes relacionados con el vertido de cianuro" y haciendo una referencia expresa al desastre de Rumanía en el 2000, que "no existe ninguna garantía real de que no se vuelva a producir un accidente semejante" teniendo en cuenta el incremento de las condiciones meteorológicas extremas derivadas del cambio climático sobre las que alertan los expertos internacionales.
Por otro lado, el texto considera "que el uso del cianuro en minería crea poco empleo y sólo por un período de entre ocho y dieciséis años" pero puede provocar enormes daños ecológicos que habitualmente "no son reparados por las empresas explotadoras responsables, que suelen desaparecer o declararse en quiebra, sino por el Estado correspondiente, es decir, por los contribuyentes".
EL PSOE ASTURIANO, UN PASO ADELANTE Y DOS HACIA ATRÁS
Ante esto, no puede dejar de sorprender la actitud de Javier Fernández, Presidente del Principado, y su otrora afamado partido. No a la mina de Salave. Pero sí al cianuro. Y en cantidad. Al del proyecto Boinás-El Valle de Kinbauri Gold en Belmonte de Miranda, ya consolidado y ampliamente sancionado -más de 325.000 euros de multas en 2014 por sus graves afecciones a la cuenca del río Narcea-, y a todos los que puedan venir, que en estos tiempos el incumplimiento de cualquier autorización de tipo ambiental parece ser lo de menos.
Porque hablamos ya de media Asturias tras la alfombra roja a la minería del oro en los permisos "Chungarón", "Campalcarro", "Quintana", "Lidia", "Palmira" y "Linde". Un total de casi dos millones y medio de km² entre los concejos de Cangas del Narcea, Allande, Tineo, Belmonte, Boal, Valdés, El Franco y Castropol. Ahí es nada.
Me pregunto qué quedará en estas comarcas cuando el recurso mineral se acabe en caso de llevarse a cabo estas explotaciones. Adiós a las actividades tradicionales. Adiós al turismo verde y de calidad. Porque, ¿acaso una Asturias con cianuro merece considerarse paraíso natural? Sin duda en año electoral parece oportuno actuar con la responsabilidad debida a la hora de ejercer al derecho al voto.
El fatídico 30 de enero de ese año, se rompió el dique de contención de una balsa minera de residuos de una mina de oro en Aurul (Rumanía), propiedad de la empresa Remin, S.A., coparticipada por el Gobierno rumano y la compañía australiana Esmeralda Exploration Ltd., provocando el accidente ambiental más grave sucedido en territorio europeo después de la catástrofe nuclear de Chernóbil y vertiendo al Danubio y algunos de sus afluentes más de 100.000 m³ de lodos tóxicos y aguas residuales con una concentración de 126 mg. de cianuro por litro, superando en más de 700 veces los límites autorizados. ¿El resultado? Pues parte del sistema hídrico del río Danubio completamente arrasado y más de dos millones y medio de personas sin suministro de agua potable.
Como desgraciadamente sucede en este y otros tantos casos, la reacción de la compañía minera australiana fue la esperada, hacer las maletas dejando un regalo envenenado para los habitantes de la región y sus impuestos. De hecho, haciendo una valoración posterior, la Unión Europea certificó que el desastre había dañado seriamente los ecosistemas, afectando al recurso de agua potable y a las actividades económicas tradicionales por la elevada tasa de residuos tóxicos -en especial de metales pesados-, depositados en los cursos fluviales.
Este fue, pues, el punto de partida de la resolución europea contra el cianuro, un texto que puede o no gustar, puede interesar o no, pero que en ningún caso deja lugar a dudas -ni debería dejar indiferente a nadie-, al considerar "que el cianuro es una sustancia química altamente tóxica", que la Directiva Marco del Agua -principal norma de base la para la gestión del recurso hídrico en Europa-, está clasificado "como uno de los principales contaminantes y puede tener un impacto catastrófico e irreversible en la salud humana".
La resolución recuerda "que en los últimos 25 años se han registrado más de 30 accidentes importantes relacionados con el vertido de cianuro" y haciendo una referencia expresa al desastre de Rumanía en el 2000, que "no existe ninguna garantía real de que no se vuelva a producir un accidente semejante" teniendo en cuenta el incremento de las condiciones meteorológicas extremas derivadas del cambio climático sobre las que alertan los expertos internacionales.
Por otro lado, el texto considera "que el uso del cianuro en minería crea poco empleo y sólo por un período de entre ocho y dieciséis años" pero puede provocar enormes daños ecológicos que habitualmente "no son reparados por las empresas explotadoras responsables, que suelen desaparecer o declararse en quiebra, sino por el Estado correspondiente, es decir, por los contribuyentes".
EL PSOE ASTURIANO, UN PASO ADELANTE Y DOS HACIA ATRÁS
Ante esto, no puede dejar de sorprender la actitud de Javier Fernández, Presidente del Principado, y su otrora afamado partido. No a la mina de Salave. Pero sí al cianuro. Y en cantidad. Al del proyecto Boinás-El Valle de Kinbauri Gold en Belmonte de Miranda, ya consolidado y ampliamente sancionado -más de 325.000 euros de multas en 2014 por sus graves afecciones a la cuenca del río Narcea-, y a todos los que puedan venir, que en estos tiempos el incumplimiento de cualquier autorización de tipo ambiental parece ser lo de menos.
Porque hablamos ya de media Asturias tras la alfombra roja a la minería del oro en los permisos "Chungarón", "Campalcarro", "Quintana", "Lidia", "Palmira" y "Linde". Un total de casi dos millones y medio de km² entre los concejos de Cangas del Narcea, Allande, Tineo, Belmonte, Boal, Valdés, El Franco y Castropol. Ahí es nada.
Me pregunto qué quedará en estas comarcas cuando el recurso mineral se acabe en caso de llevarse a cabo estas explotaciones. Adiós a las actividades tradicionales. Adiós al turismo verde y de calidad. Porque, ¿acaso una Asturias con cianuro merece considerarse paraíso natural? Sin duda en año electoral parece oportuno actuar con la responsabilidad debida a la hora de ejercer al derecho al voto.
