En el Principado últimamente corren malos tiempos para la lírica. Pese a la cancelación del proyecto de Asturgold a finales de diciembre para tranquilidad de los habitantes de Tapia e intranquilidad manifiesta de algunos ínclitos representantes públicos del PSOE asturiano, es ahora Kinbauri Gold, filial de la canadiense Orvana Minerals, la que ha puesto sus ojos en el subsuelo de la Asturias occidental.

Los canadienses han desembarcado en estos inicios de 2015 con la solicitud de un nuevo permiso de exploración e investigación minera denominado 'Palmira', publicado en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) del martes 27 de enero, para los recursos de la sección C (minería metálica) de oro, plata, cobre y wolframio sobre 162 cuadrículas mineras entre los concejos de Boal, Illano, El Franco y Castropol. En total, un sueño de codicia de más de 4.800 hectáreas de extensión. Ahí es nada.

La empresa reconoce en la documentación enviada al Principado en relación a esta petición, ahora en fase de información pública, que "la zona del permiso de investigación solicitado está a una distancia kilométrica aceptable para transformar la hipotética producción de mineral hasta la planta de El Valle" en el caso "de no existir recursos suficientes para la construcción de una nueva planta en la zona, siendo un depósito satélite semejante a la explotación que la empresa está llevando en Carlés".

De igual manera, causa hipotético estupor descubrir que en algún momento a alguien se le pueda pasar por la cabeza la construcción de una segunda planta de cianuración con la de Belmonte, más con los precendentes que atesora esta ilustre minera, pura carne de hemeroteca, que una vez más vale la pena recordar.

En febrero del año pasado, la Kinbauri Gold España recibió sendas sanciones de 84.000 y 242.920 euros por parte de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico tras el intolerable vertido superando los límites legales de elementos tan tóxicos como el selenio, arsénico, cianuro, fluoruros, zinc, níquel y cobre, provocando el envenenamiento de la cuenca del río Narcea. En un lugar civilizado, esto supondría de manera inmediata la retirada de la autorización ambiental a la minera y la clausura del proyecto de Boinás-El Valle, en Belmonte de Miranda, petición por otra parte solicitada en reiteradas ocasiones y desatentida una y otra vez desde las actuales autoridades asturianas.

Dice bien la Coordinadora Ecoloxista, pues resulta difícil -o más bien imposible-, explicarse cómo "a pesar de ser una empresa contaminante, se le permiten nuevos sondeos en una zona donde acaba de rechazarse el proyecto minero de Salave por su fuerte impacto ambiental", en una zona en la que, sumado a otros proyectos de la misma índole, la superficie concesionada a la exploración metálica supera ya los 46 millones de metros cuadrados.

Como ya había señalado la entidad en su día, que el Principado autorice este tipo de propuestas significa que se alía con las transnacionales, "renunciando a ejercer sus labores de control y seguimiento de la industria minera desde la imparcialidad que se le presupone a la Administración".