Respecto a la posible imputación de nuestra infanta y de su consorte, como consecuencia de los hechos que se vienen conociendo, hay dos razonamientos dispares: mientras unos defienden que sería un desastre para nuestra democracia que desapareciera la monarquía, por tratarse de una institución esencial, más en estos tiempos de zozobra política y económica, otros piensan que ha llegado el momento de derogarla para dar paso a un régimen republicano.
Desde luego, los recientes acontecimientos no solo están poniendo en solfa a la institución de la Monarquía; instituciones de una mayor transcendencia para el ciudadano como la Justicia y la Hacienda están convirtiéndose en algo grotesco. Lo último conocido de las facturas que antes fueron consideradas falsas y hoy son admitidas como válidas para que el “desfalquín” no alcance la calificación de delito fiscal produce estupor. ¿No habíamos quedado en que Hacienda éramos todos?
Al momento fáctico actual seguramente ni un solo español considere al señor Urdangarín y a la infanta consorte dos ciudadanos ejemplares; más bien estimen en ellos una condición delictual sin presunción, máxime cuando se sospecha que están recibiendo capotazos para evitar el ridículo de una imputación, figura jurídica que también tiene una aplicación desigual para el común de los mortales.
Desde las directivas políticas intentan inculcarnos que nadie presiona, ni en Hacienda ni en la Justicia, y que en uno y otro organismo el funcionariado actúa de forma independiente y libre. La figura del funcionario que accede a la plaza en condiciones de igualdad, mérito y capacidad, rara avis causante del despilfarro público para el neoliberalismo gobernante, para su caverna mediática e incluso para muchos ciudadanos que picaron el anzuelo lanzado por ambos, puede ser ciertamente independiente, pero cuando por encima de ellos se dedocoloca a personajes susceptibles de bogar en la dirección que le indiquen sus benefactores, la independencia se convierte en una entelequia.
La cuestión es explicar al requerido por Hacienda, para que justifique el cruce de facturas con fines fiscales sin que medie actividad que las respalde, por qué lo suyo no es admisible mientras lo ha sido para tan ilustres ciudadanos. O al imputado con endebles indicios por qué en su caso existen razones para la inculpación en tanto no han existido para la hija del monarca.
Otra cosa sería un trato desigual para la ciudadanía, algo inconcebible en un estado democrático y que conculcaría el mandato constitucional que exige a los poderes públicos promover las condiciones para que la igualdad del individuo sea real y efectiva, no en vano, los españoles somos iguales ante la ley sin que pueda producirse discriminación alguna por razón de nacimiento o por cualquier otra circunstancia personal o social. Mira por dónde, en eso estamos.
Imagen: ilustración satírica de Pawel Kuczynski
