Hoy se aprueba en el Congreso la LOMCE (Ley Wert), sin consenso, con el único apoyo del rodillo popular. Para hacer más dulce su aterrizaje, los medios llevan varios días bombardeando sobre lo nefasto de nuestro sistema educativo actual, que la caverna mediática y los políticos conservadores atribuyen exclusivamente a las reformas socialistas. Afirman que la LOGSE y la LOE son las responsables de que nuestro país sea el penúltimo en comprensión lectora y el último en competencia matemática entre 23 países de la OCDE, en un muestreo de ciudadanos entre 15 y 64 años.
Es un punto de vista en el que, desde luego, queda patente la tendenciosidad de los analistas: la LOGSE es de 1990 y la LOE de 2006. Difícilmente han tenido algo que ver en la educación de muchos de los ciudadanos elegidos en el muestreo. Es más probable que la influencia de la educación franquista y de los enormes índices de analfabetismo heredados hayan dejado su impronta en las estadísticas publicadas. Y también, por qué no, la proliferación de universidades privadas, donde obtener un título es cuestión monetaria, más que de capacidad y esfuerzo. Y la multiplicación de los conciertos educativos a centros de infantil, primaria y secundaria, en los que el aprobado se cotiza infinitamente más bajo que en los centros públicos. Y la intromisión histórica de la Iglesia Católica en una actividad en la que no debería figurar (colidera la lista negra con Italia, mientras que países con una clara separación obtienen mejores resultados).
A modo de ejemplo, la señora Botella, la del “relaxing cup”, cursó sus estudios de primaria y secundaria en el colegio religioso de las Madres Irlandesas; la señora Cospedal, la del “pago en diferido”, se licenció en Derecho en la Universidad San Pablo Ceu… Paradójicamente, a pesar de lo desastroso de nuestro sistema educativo, empresarios alemanes vienen a Asturias a buscar ingenieros formados en nuestras escuelas universitarias, que son públicas.
También, la caverna mediática nos aporrea con el mantra de que todos los alumnos universitarios del sistema educativo público están becados, porque sus tasas universitarias no cubren ni de lejos los costes que generan a las arcas públicas. Pero es que tampoco lo hacen quienes utilizan un forfait para dedicar un día al esquí; ni quienes utilizan a diario las vías públicas para desplazarse con sus vehículos; ni los que, por carecer de buena salud, acuden con asiduidad a los servicios sanitarios públicos… Y analizado en estos términos, resulta que hay muchísimos ciudadanos crónicamente penalizados: piensen en aquellos que raramente han salido de sus pueblos, en los que no tienen hijos, en los que no han pisado un hospital, en los que no saben lo que es un juzgado. En sentido contrario a la penalización que se va a aplicar a nuestros jóvenes por despilfarrar el dinero público en su formación universitaria, ¿deberíamos compensarles por no haber utilizado los servicios públicos a los que tienen derecho por el solo hecho de ser ciudadanos españoles?
Porque la educación, la sanidad y los servicios sociales (los servicios públicos en general), no se pueden medir en términos de rentabilidad económica, lo que no significa que su gestión no deba hacerse de la forma más eficiente posible, pero sin mermar su calidad. Estamos ante derechos que corresponden a todos los ciudadanos, por el solo hecho de serlo.
Por más que se empeñen, los españoles no somos prima de riesgo, déficit, PIB, millones de euros, pedidos de la industria, inversión crediticia. Somos ciudadanos, muchos, más de los que debieran, parados; otros muchos, trabajadores con menores salarios, aunque el insensible ministro Montoro mienta llamando a la bajada de sueldos, “crecimiento moderado”; otros, demasiados, enriqueciéndose en épocas de vacas flacas.
Españoles viviendo en un país al que solo Grecia y Chipre superan en la caída de sueldos y en el que se dispara el número de millonarios, que ha crecido en un 13%. Nación en la que se pagan 500 euros a titulados universitarios, eso sí, porque ellos quieren trabajar por ese estipendio, como nos recordaría el sublime Floriano.
Lo que necesita este país son emprendedores y empresarios, sí; pero con conciencia social. Si su negocio solo les permite pagar esos sueldos, vaya porquería de “emprendimientos”. Salvo que el negocio esté en eso, en esclavizar a ciudadanos. Eso no se puede consentir en un estado social.
Imagen: ilustración satírica de Pawel Kuczynski
