A la vista está que todo ha sido un embuste, que no se cumple nada de lo prometido en campaña electoral. Por eso nadie puede extrañarse de que los políticos sean para los ciudadanos el tercer problema, por detrás del paro y de la situación económica.

También es perceptible que la economía está muy mal y que son necesarias medidas de ajuste, pero la mayoría de los administrados constata que los recortes han comenzado por quienes no deberían soportarlos, permaneciendo indemnes colectivos involucrados directamente en la crisis o que, por una cuestión de solidaridad, deberían contribuir en mayor medida a mitigar el desastre en el que nos encontramos inmersos.

Nada más comenzar la legislatura, a nuestro gobierno se le llenó la boca anunciando una Ley de Transparencia que iba a poner coto al desmadre de la gobernanza y a los injustificados sueldos de muchos cargos electos y de otros muchos “dedocolocados”. Numerosos reales decretos leyes después, la cacareada Ley brilla por su ausencia.

La crisis también ha sido una buena coartada para cargarse unilateralmente acuerdos con trabajadores y funcionarios, pero, sin embargo, no ha servido para reconsiderar unos pactos claramente perjudiciales para el Estado, estampados hace treinta y cinco años con la jerarquía eclesiástica.

Salen los empresarios a la palestra exigiendo una reforma laboral y que se castigue a los empleados públicos y al gobierno le falta tiempo para seguir sus dictados y legislar a su medida. Grupos pro vida ultra católicos exigen la abolición del aborto y al señor Gallardón, el que parecía más abierto de esta congregación gobernante, se le ocurre penalizar el supuesto de malformación del feto.

Las grandes fortunas, los delincuentes fiscales, los transgresores urbanísticos, los empresarios y banqueros sin escrúpulos, la privilegiada jerarquía eclesiástica, ven colmadas sus peticiones y los ciudadanos de a pie aplastados sus derechos, todo ello, por políticos que no adoptan medidas encaminadas al bien de la mayoría y que dejan para última hora la reforma de aquello que les afecta directamente, la gobernanza.

La reforma laboral ha disparado los Eres; la reforma de la Ley de Costas va a amnistiar irregularidades urbanísticas y liberar suelo para más desmanes, cuando se solicita protección medioambiental y desarrollo sostenible; la reforma de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo va a provocar que más mujeres salgan de España para abortar y que las que tienen menos medios acudan a clínicas clandestinas poniendo en riesgo su salud; el ataque a los funcionarios va a provocar un deterioro, en nada constatable, de los servicios públicos. ¿Qué importa?

Como dirían los dirigentes empresariales y los economistas neoliberales, sobran vividores y faltan emprendedores. ¿Y quién puede emprender? El que tiene no quiere arriesgar su dinero (sí si el dinero público, el que se quita de los servicios esenciales, se lo entregan en forma de subvenciones) y al que no tiene, está preparado y quiere hacerlo, no se lo dan.

Se gobierna para el empresariado y para la iglesia. Nada que no se esperase. Lo que ocurre es que están gobernando con los votos de otros colectivos que se sienten estafados y esto no mejora. Por el contrario, todo va a peor.

Imagen: ilustración satírica de Pawel Kuczynski