No parece posible que exista ningún país en el mundo, civilizado o no, democrático o no, en el que su presidente se haya aupado al poder pactando con quienes quieren destruir el país y, día tras día, hacen lo posible y lo imposible para conseguirlo.

Tampoco creo que exista ningún país en el mundo de las características descritas en las que su presidente, después de alcanzar el poder apoyado por quienes desean destruirlo, quiera mantenerse a ultranza pactando a cualquier precio con esos mismos sujetos y poniendo a sus pies el estado de derecho, las leyes, el dinero público, la ética y la moral.

Todo para seguir actuando con prodigalidad, usando y abusando del erario público, convirtiendo La Moncloa en una sucursal de la agencia de viajes de El Corte Inglés en la modalidad de «todo incluido».

Dice la Ministra de Hacienda que los presupuestos aprobados son el mejor antídoto contra la extrema derecha. Hay que tener cara dura para hacer esas declaraciones mientras implora obscenamente el apoyo de etarras, secesionistas, separatistas y nacionalistas. Indudablemente, para ser ministro con Pedro Sánchez no vale cualquiera. Alguien debería decirles que con esas declaraciones y esas actitudes lo que consiguen es que el tsunami andaluz se extienda por todo el territorio nacional. Es urgente, inaplazable, vital desalojar a estos sujetos del poder. Nos va en ello la economía, la unidad, la solidaridad, la paz y la concordia.

Hablando de solidaridad, este insensato que tenemos de presidente del Gobierno, para comprar el voto de los separatistas, dedica el dieciocho por ciento de la inversión a Cataluña. Dice que con ello cumple una ley aprobada por el Parlamento catalán y por las Cortes Generales. Se refiere a la disposición adicional tercera del Estatuto de Cataluña, que obliga política, no legalmente, a destinar a la comunidad el mismo porcentaje de la inversión territorializada del Estado que el peso de la economía catalana en el PIB. Es el único que dice cumplirlo, porque sus autores y destinatarios se lo pasan por el arco del triunfo.

A ese dieciocho por ciento hay que añadir el aumento de las partidas dedicadas al gasto social. Impresentable, vergonzoso e ignominioso. Pero, como ya venimos diciendo machaconamente cada vez que tenemos ocasión, este es el legado del melifluo Rajoy, que ahora está disfrutando apaciblemente de los pingües beneficios de su productivo registro de la propiedad mientras los ciudadanos a los que debió haber defendido sufren en sus carnes su testamento político. ¡Qué pena que en este ámbito no tenga cabida la aceptación a beneficio de inventario o la renuncia! Hablando de economía, los presupuestos aprobados por el Gobierno -a los que deseo un fracaso rotundo en su paso por las Cortes Generales- son una entelequia.

Están equilibrados con una previsión de ingresos que asemeja las cuentas del Gran Capitán y son el mejor camino hacia la crisis. Dios bendiga a Zapatero. Pensábamos que era lo peor de lo peor, pero Sánchez está empeñado en superarlo. Las pensiones se llevan la mitad del presupuesto y desde el Gobierno no se ha arbitrado ninguna solución para remediar el avance hacia el precipicio. Se habla de retrasar la edad de jubilación. Con lo fácil que sería fijar una edad forzosa por sectores de producción y después dejar a la voluntariedad de los afectados mantenerse en servicio activo. Mientras tanto, asistimos a los vaivenes y a las paradojas de los dictados políticos. ¡Cuántos médicos del HUCA fueron jubilados a los 65 años, en la plenitud de sus facultades, en contra de su voluntad!

Pues ahora resulta que hay escasez de profesionales. ¡Viva la gestión eficaz y coherente!

Lo dijo Orson Welles: «Todo es posible a condición de ser lo suficientemente insensato».