Madrid.- En España hay 1.774.800 personas con discapacidad en edad activa, un 5,9% de la población. Un colectivo poco integrado en el mercado laboral (tan solo un tercio trabaja), con una tasa de abandono escolar del 43,2% y binomios de multidiscriminación (discapacidad + mujer, discapacidad + joven, discpacidad + psíquica) elevados. Estos son algunos de los datos publicados en el ‘Informe Olivenza 2017, sobre la situación general de la discapacidad en España’.  

Un informe de 662 páginas, editado por el Observatorio Estatal de la Discapacidad, promovido por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e igualdad, a través de la Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad y el Real Patronato sobre Discapacidad, la Comunidad Autónoma de Extremadura, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, y la Universidad de Extremadura, en el que se recogen desde los principales cambios normativos en relación con la discapacidad en el último año, pasando por los datos del mercado de trabajo, el gasto público en discapacidad en España y el reparto de las diferentes prestaciones sociales o la penetración de las tecnologías de la información y la comunicación en este colectivo.  

Las cifras de la discapacidad varían en función de la entidad que hace el estudio y a quién se tiene en cuenta. Así, por ejemplo, la Encuesta de Integración Social y Salud, aplicada en España en 2012, daba en un 16,7% el porcentaje de la población española de 15 y más años que manifiesta algún grado de limitación en la participación social debido a su condición de salud. En total, 6.333.670 personas, de las cuales 3.866.888 son mujeres.   Otros análisis, como el de la Base de Datos Estatal de Personas con Discapacidad, recogía que a 1 de enero de 2016, había en España 2.972.901 personas con discapacidad administrativamente reconocida, 1.477.764 hombres, 1.495.106 mujeres y 31 personas con el dato de sexo no registrado.   Con respecto a las personas con discapacidad oficialmente reconocida, el Informe Olivenza aporta el último dato disponible al respecto. Indica que en España hay 1.774.800 personas con discapacidad, con edades comprendidas entre los 16 y los 64 años, lo que representa un 5,9% de la población. Para dicho cómputo, se consideran personas con discapacidad oficialmente reconocida a aquellas con un grado de discapacidad superior o igual al 33% más, pensionistas (casi 400.000) de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad.   El peso de los hombres es superior al de las mujeres, en más de 272.000 personas. Respecto a la edad, emerge una clara relación entre dicha variable y la presencia de discapacidad. Así, el segmento de mayor edad (45 – 64 años), supone el 69,6% del total. En cuanto a la discapacidad más presente es la de tipo físico, que agrupa al 64,4% del colectivo, y su presencia es mayor en ámbitos altamente poblados.   Analizando a nivel de CCAA, los mayores volúmenes se ubican en Andalucía y Cataluña, la suma de ambas comunidades supone el 36,57% de todas las personas con discapacidad en España, dos puntos y medio más de lo que representa la población total de estas comunidades en nuestro país.   Lo que sí se puede afirmar es que el número de personas con certificado de discapacidad ha experimentado un continuo crecimiento hasta el año 2012, encadenando dos años de descenso, para mostrar en el último año con información disponible, 2015, un aumento del 4%.  

TRABAJO   Respecto a la tasa de actividad, nos encontramos ante un colectivo poco integrado en el mercado laboral, dos de cada tres personas con discapacidad son inactivos laboralmente. Si comparamos el dato con la población general, se establece una distancia de 44 puntos porcentuales.   El análisis de la contratación evidencia la precariedad de las condiciones del mercado laboral, donde la temporalidad se constituye como tendencia. En 2016 se realizaron 268.160 contratos a personas con discapacidad, ocupando a un total de 126.225 personas, lo que indica que cada persona fue contratada una media de 2,12 veces. Las mayores tasas de empleo corresponden a Madrid y País Vasco. Por el contrario, encontramos los datos más bajos en Galicia y Extremadura.   El análisis de la tasa de paro, evidencia de nuevo las distancias entre ambos grupos. Tan solo un tercio del colectivo es activo en términos laborales, es decir, 1.173.000 personas con discapacidad están fuera del mercado laboral. La tasa de paro de los jóvenes con discapacidad alcanza el 63,5%, es decir, más del 60% de los jóvenes con discapacidad se encuentran desempleados, poniendo de manifiesto la complejidad que define el binomio: juventud y discapacidad, para la integración laboral.   Por otro lado, a lo largo del informe, el nivel formativo emerge como variable que contribuye a reducir las distancias con la población general, es decir, se constituye como una herramienta necesaria para favorecer la inserción laboral del colectivo. No obstante, la tasa de abandono escolar del colectivo, se eleva hasta el 43,2%, superando a la población general en 18 puntos porcentuales.  

PRESTACIONES   Actualmente se destina 18.724.489€ a pensiones de invalidez, lo que supone un 1,74% del PIB. Priman las prestaciones económicas de carácter periódico, especialmente las pensiones de incapacidad permanente, cuya prestación media se fija en 929,69 euros y afectan a 938.000 personas.   Navarra y el País Vasco encabezan las comunidades con las retribuciones más elevadas, mientras que Galicia y Murcia se constituyen como las comunidades con menores prestaciones. La brecha de género es palpable también en este colectivo, en el que las mujeres exclusivamente representan el 35,21% y la cuantía de su prestación es inferior en 175 euros al mes.   Acceso al Informe Olivenza: http://observatoriodeladiscapacidad.info/attachments/article/110/Informe%20Olivenza%202017.pdf