Madrid, 14 de mayo de 2017). “Aunque mañana 15 de mayo es el día internacional de la Familia, en España poco podemos celebrarla, ha señalado Mariano Martínez-Aedo -Vicepresidente del Instituto de Política Familiar (IPF). La política familiar en España fluctúa entre la inexistencia y la irrelevancia y nos sitúa a la cola de Europa. A pesar de que la Unión Europea ha instado a los distintos Estados miembros a que desarrollen políticas de cara a lograr un apoyo a la maternidad, la demografía, la perspectiva de familia, etc., las distintas administraciones españolas han ignorado estas directrices, con lo que no sólo no toma en consideración las directrices europeas sino que está provocando el agravamiento de todos estos problemas.
La inexistencia de una política integral de apoyo a la familia, la inversión de la pirámide poblacional, las casi nulas ayudas a la familia, la creciente inestabilidad conyugal y el déficit en la conciliación de la vida laboral y familiar son los 5 grandes problemas de las familias españolas. Y las administraciones españolas no los están abordando por lo que dichas problemáticas se están agravando.
El interés creciente de la UE por la familia como solución a muchos de estos problemas, no se ha visto reconocido en España, que ningunea todas las directrices y recomendaciones en este sentido. La política familiar debe crear las condiciones para que los padres y las madres puedan cumplir su función, pudiendo tener los hijos que se desea, pasando más tiempo con sus hijos, decidiendo sobre su educación, etc. pero en España se hace caso omiso y no se desarrolla ni una política integral de familia ni se aplica la perspectiva de familia.
En nuestro entorno europeo, frente a problemas parecidos, han tomado medidas que han demostrado un efecto positivo. Es necesario, pues un cambio profundo para que la familia sea protegida en España. De otra forma, su fracaso determinará el desastre social.
Algunos datos analizados por el IPF y en el que se realiza una trazabilidad entre los principales aspectos del problema de la familia, nos ofrece una triste realidad. España suspende estrepitosamente en su protección a la familia, estando muy alejados de la Unión Europea:
Los cinco (5) incumplimientos reiterados de España de las recomendaciones europeas
Los principales incumplimientos de las recomendaciones comunitarias se pueden resumir a continuación:
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No se desarrolla una política integral de familia ni se aplica la perspectiva de familia. España no cuenta con una auténtica política de familia, que ayude a las familias a cumplir su labor. No hay una ley de familia. Actualmente hay un plan integral de apoyo de familia (2015-2017) pero que prácticamente se limita a recopilar una serie de medidas ya existentes anteriormente, sin ningún tipo de auténtica estrategia ni estructuración de una Política familiar. Un plan que realmente sólo ha aportado el aumento de las pensiones a las madres con 2 ó más hijos.
Por el contrario, la UE en su ‘Informe sobre la protección de la familia y del niño’ considera necesario definir las directrices de una “política familiar integrada, que respete la libre elección de los padres, supere el enfoque estrictamente económico de las políticas que sean exclusivamente de prestación y sea una política familiar voluntarista, coherente y coordinada que ponga al niño en el centro del debate europeo y reconozca sus derechos
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Invierno Demográfico sin precedentes. España está envejecida y la pirámide poblacional está invertida. España no apuesta decididamente por invertir en políticas de ayuda a la natalidad, lo que supone que cada año nazcan menos niños y que la población española envejezca a pasos agigantados. De hecho, el índice de fecundidad es de sólo 1,33 hijos por mujer. La edad media de la maternidad se sigue retrasando y ya es de casi 32 años (31,9 años en 2015).
El invierno demográfico es ya una realidad en nuestro país y España envejece a pasos agigantados De forma sistemática, cada año nacen menos niños. El número de nacimientos en 2015 se redujo por séptimo año consecutivo hasta sólo 420.290 (100.000 niños menos que en 2008). A pesar del alargamiento de la vida, mueren más personas de las que nacen, y la pirámide poblacional ya es un rombo. Así, España se encamina a sufrir una reducción drástica de su población en las próximas décadas. Y es que en España se necesitan 260.000 nacimientos más al año para asegurar el nivel de reemplazo generacional.
Por el contrario la UE urge (por su preocupación por la baja natalidad y envejecimiento) a sus miembros a crear “las condiciones favorables de un apoyo adaptado para quienes quieran tener hijos” [Comunicación de la Comisión. El futuro demográfico de Europa: transformar un reto en una oportunidad (COM (2006) 571 final). Pp.3]. Igualmente los sondeos de la Comisión revelan que en todos los países de la UE las parejas desean tener más hijos, mientras que las comparaciones internacionales ponen de manifiesto la eficacia de las políticas familiares que algunos Estados están aplicando desde hace años con el fin de crear condiciones favorables para incrementar la natalidad.
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Suspenso en ayudas al fomento de la natalidad: España está en el furgón de cola con respecto a las ayudas a la familia. Las ayudas económicas a las familias españolas son de las más bajas en toda la UE, tanto por su cuantía como su no Universalidad y la nula actualización.
Las ayudas económicas a las familias son insignificantes, no representan ni siquiera el 0,1% del PIB. Además, las prestaciones por nacimiento no son de carácter universal, están limitadas a una renta familiar muy baja y nueve de cada diez familias no pueden beneficiarse de ellas
España es el cuarto país que menos ayudas directas dedica a las familias, sólo por delante de Polonia, Bulgaria y Lituania. Las prestaciones por hijos a cargo se sitúan en 24,25 euros al mes por cada menor, cuando la media de la UE es superior a 100 euros.
Sin embargo, esta exigua ayuda lleva congelada desde el año 2000 y no es de carácter universal como ocurre en la mayoría de los países de la UE; a ella sólo pueden acceder familias con ingresos inferiores a 11.577 euros anuales, lo que en la práctica se resume a que nueve de cada diez familias no pueden recibir esta ayuda. España tiene las menores ayudas directas por hijo de la UE (comparable sólo con la de algunos países del Este, pero estos con mucha menor renta).
La UE insta a los Estados miembros a que las posibles discriminaciones en sus respectivas políticas fiscales sean “de carácter positivo para las familias, especialmente para las familias numerosas” [Informe sobre el Plan de trabajo para la igualdad entre las mujeres y los hombres 2006-2010 (A6-0033/2007). Pp.9]. En España, sin embargo, la fiscalidad (sobre todo el IRPF) penaliza a las familias.
4. La inestabilidad conyugal es uno de los principales problemas de las familias españolas. En España no se está preservando ni garantizando el derecho de los padres a la estabilidad conyugal.
Cada 5 minutos se rompe un matrimonio en España. En el año 2015, el número de rupturas familiares alcanzó las 101.357 y ya se han superado los 3 millones de rupturas acumuladas desde su legalización en 1981. Actualmente, más del 95% de las rupturas son divorcios.
Se producen 2 rupturas matrimoniales por cada 3 nuevos. Esto significaría que cada año aumentaría el doble el número de divorciados que el de casados.
Los hijos son los grandes perjudicados por el divorcio. Casi 500.00 hijos se han visto afectados por el divorcio de sus padres tan solo en los últimos 5 años. 9 de cada 10 rupturas tienen hijos menores de edad
5. Déficit en la conciliación de la vida laboral y familiar y el derecho a la maternidad
A pesar de que en el mundo político español el tema de la conciliación está de moda, es evidente el enorme abismo que existe entre la teoría y la realidad.
La UE no sólo potencia la conciliación sino que subraya que “las políticas de reconciliación de la vida laboral y familiar son importantes para responder al desafío demográfico”[Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social europeo y al Comité de las Regiones. Igualdad entre mujeres y hombres — 2009. Bruselas, 27.2.2009 COM (2009) 77 final. Pp.4].
La UE hace hincapié principalmente en dos aspectos:
Los Estados miembros deben aumentar el permiso de maternidad mínimo de 14 semanas a 18, según la recomendación de la OIT, al tiempo que deben garantizar la protección del empleo de las mujeres que se acogen a este permiso o se reincorporen al trabajo tras él.
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Los Estados miembros deben luchar contra la discriminación de la que son víctimas las madres por parte de los empresarios en lo que se refiere a la contratación como a la promoción.
España contempla 16 semanas de baja por maternidad, lejos de Suecia (55-68 semanas), Bulgaria (58), Noruega (47) y Dinamarca (44). De estas 16 semanas, las seis primeras son obligatorias para la madre, mientras que las otras diez se pueden repartir entre el padre y la madre de forma simultánea o consecutiva. Por su parte, el padre tiene cuatro semanas de baja por paternidad.
A pesar de que la ONU ha reconocido como fundamental el “derecho a la lactancia” y en la legislación española se llega a restringir la publicidad de las leches maternas, en España no se plantea políticamente ninguna medida para permitirlo.
