Intervención del Principado, Francisco Álvarez-Cascos, en la Junta General del Principado sobre los Prespuestos del Principado
Por acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado, comparezco a petición propia ante esta Junta General del Principado para analizar en sede parlamentaria el potencial impacto en Asturias del contenido de los acuerdos adoptados por el Consejo de Ministros en su reunión del pasado 30 de diciembre, cuyo detalle concreto aún es desconocido, así como para favorecer un marco de coincidencia en las fórmulas de diálogo y respuesta política ante el Gobierno que cuente con el máximo respaldo parlamentario, en la pretensión de que queden sin efecto aquellas medidas que objetivamente no respetan los necesarios criterios de equidad en la selección del gasto y de solidaridad interterritorial en el reparto previsto entre las diferentes Comunidades Autónomas españolas.
Dos de las medidas anunciadas en el Acuerdo de no disponibilidad presupuestaria del 30 de diciembre permiten albergar una preocupación especial acerca de su desigual incidencia en el conjunto de Comunidades Autónomas españolas, que se confirma a medida que se afinan las estimaciones sobre su potencial impacto en el Principado de Asturias.
Me refiero a estas dos medidas que figuran en la información oficial del Consejo de Ministros:
1.-No disponibilidad de 1.600 millones de euros en inversiones del Ministerio de Fomento.
2.-Eliminación de la financiación de infraestructuras en compensación del cese de actividad de la minería del carbón.
El pasado día 1 de enero manifesté públicamente que este acuerdo puede suponer el aplazamiento e, incluso, la pérdida definitiva de más de 1.000 millones de euros en los compromisos inversores del Estado con Asturias. Hoy me reafirmo en mi estimación inicial, basada en el análisis de urgencia de los datos publicados oficialmente sobre el acuerdo del Consejo de Ministros y reitero que, a juicio del Gobierno del Principado, el acuerdo puede dar lugar a un reparto injusto entre Comunidades Autónomas que resultaría insolidario porque haría recaer sobre el Principado un sacrificio presupuestario desproporcionado con la participación real de Asturias en el conjunto de España.
La preocupación ya se había despertado los días anteriores, al confirmarse que el Ministerio de Industria saliente había dejado sin firmar veintitrés Adendas a los Convenios del Plan de la Minería, por importe de 184 millones de euros, y que el Ministro de Industria entrante tampoco las suscribió dentro del plazo establecido cuyo límite estaba fijado el pasado 31 de diciembre. El preaviso dirigido a Asturias no dejaba lugar a dudas. Y la palabra “eliminación” introducida en el posterior acuerdo del Consejo de Ministros referida a la financiación de las infraestructuras de los Planes de la Minería resultó una decepcionante confirmación.
Las estimaciones del alcance del acuerdo en Asturias son sencillas de realizar, sin más que poner sobre la mesa las cifras iniciales conocidas, como referencia para seleccionar partidas presupuestarias sobre las que actuarán los anunciados recortes, y valorar su posible alcance.
1. INFRAESTRUCTURAS ESTATALES
Comenzaré por referirme a las infraestructuras del Ministerio de Fomento sobre las que recaerá una parte muy relevante del recorte presupuestario anunciado. Los tramos en fase de obras del programa de Autovías en Asturias son diez, y su situación es bien conocida, detalles al margen:
• Autovía del Cantábrico (A-8)
En el Occidente:
-Muros de Nalón-las Dueñas se adjudicó el 19 de octubre del 2006, con un plazo de ejecución de 30 meses, en 110 millones de euros. Retraso oficial 34 meses.
-Otur-Villapedre, adjudicado en 61,5 millones de euros el 19 de enero de 2009, tenía un plazo de ejecución de 23 meses. Retraso oficial 14 meses.
-Navia-Tapia de Casariego, con un presupuesto de 52 millones de euros, que fue adjudicada el 20 de julio del 2006, tenía 41 meses de plazo. Retraso oficial 11 meses.
En el Oriente:
-Llanes-Pendueles, adjudicado el 6 de febrero del 2008 con un presupuesto de 58,6 millones de euros, con un plazo de ejecución de 30 meses. Retraso oficial 17 meses.
-Pendueles-Unquera, que fue adjudicada en 107 millones de euros el 12 de febrero de 2008, también con plazo de 30 meses. Retraso oficial 17 meses.
Es decir, sin revisiones de precios ni modificados, en la Autovía del Cantábrico están comprometidas obras por un total de 389,1 millones de euros de presupuesto de adjudicación, todas ellas con retrasos superiores a un año.
• Autovía Suroccidente
-Doriga-Cornellana, adjudicado el 20 de diciembre de 2006 con un presupuesto de 30,56 millones de euros, con un plazo de 36 meses. Retraso oficial 24 meses.
-Cornellana-Salas, adjudicado el 9 de febrero de 2007 con presupuesto de 59,8 millones de euros, con un plazo de 31 meses. Retraso oficial 27 meses.
-Salas-La Espina (1ª calzada), adjudicado el 31 de enero de 2005 en 64,9 millones de euros, con un plazo de 34 meses. Retraso oficial 50 meses.
-Salas-La Espina (2ª calzada), adjudicado en 38 millones de euros. Obra suspendida.
Es decir, sin revisiones de precios ni modificados, en la Autovía del Suroccidente están comprometidas obras por un total de 193,26 millones de euros de presupuesto de adjudicación, todas ellas con retrasos superiores a un año.
• Autovía A-64
-Enlace de La Carrera, adjudicado en 47 millones de euros.
En total, en el programa de Autovías en Asturias están en ejecución obras en 10 tramos, por un importe de 629,36 millones de euros de presupuesto de adjudicación, sin revisiones de precios ni modificados. Incluyendo estos conceptos, los presupuestos vigentes de los diez tramos en el Programa de Autovías se pueden situar en torno a los 700 millones de euros, con un grado de ejecución estimado del 60 %, lo que equivale a considerar que se encuentran pendientes unidades de obra por importe global de 280 millones de euros.
Variante ferroviaria de Pajares
Me limitaré a resumir la situación del lado asturiano. En primer lugar, se encuentran todavía en ejecución las obras de plataforma de los tramos de conexión:
- Telledo (Túneles)-Sotiello (plataforma), adjudicado el 15 de agosto de 2006, con un presupuesto de 160,28 millones de euros. Retraso oficial 36 meses.
-Sotiello-Campomanes (plataforma), adjudicado el 1 de agosto de 2006, con un presupuesto de 79,78 millones de euros. Retraso oficial 36 meses.
-Campomanes-Pola de Lena (plataforma), adjudicado el 15 de agosto de 2006, con un presupuesto de 70,79 millones de euros, un plazo de ejecución de 32 meses, y está prácticamente finalizado.
El total de los tres tramos asciende a 310,85 millones de euros, sin revisiones de precios ni modificados y presentan un retraso de tres años.
En segundo lugar, están sin licitar las unidades correspondientes a los 50 kilómetros de los túneles y de estos tramos de conexión, relativas a instalación de vía, de catenaria y de instalaciones de comunicaciones y de seguridad cuyo presupuesto estimado se puede cifrar en 150 millones de euros.
Por lo tanto, en la Variante de Pajares están sin licitar o sin concluir obras por un importe total de 460,85 millones de euros de presupuestos de licitación o de adjudicación, sin revisiones de precios ni modificados. Incluyendo estos conceptos, los presupuestos vigentes de los tramos y unidades pendientes en la Variante de Pajares se situarían en torno a los 500 millones de euros, con un grado de ejecución global estimado del 60 %, lo que, siendo conservador, equivale a considerar que se encuentran pendientes unidades de obra por un importe global estimado de 200 millones de euros.
En resumen, en el Ministerio de Fomento los presupuestos del Estado afectados por los posibles recortes anunciados en las grandes infraestructuras asturianas en ejecución, considerando la parte no ejecutada o no licitada de los tramos viarios y ferroviarios mencionados, se puede estimar en una cifra total de 480 millones de euros.
2. FONDOS MINEROS
Si nos referimos ahora a los Fondos Mineros gestionados por el Ministerio de Industria, y agrupando los mismos según la situación de tramitación de los correspondientes Convenios, el resumen es el siguiente:
Convenios firmados y en ejecución
-Del Primer Plan 1998-2005 . . . . . . 74 millones €
-Del Segundo Plan 2006-2012. . . . .83 millones €
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .158 millones €
Convenios firmados y plazo sobrepasado:
-Del Primer Plan . . . . . . . . . . . . . . . . 107 millones €
-Del Segundo Plan . . . . . . . . . . . . . .137 millones €
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 millones €
Convenios sin firmar:
-Del Primer Plan . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 millones €
-Del Segundo Plan . . . . . . . . . . . . . . 283 millones €
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 millones €
Anualidad 2012 (Previsión)
-Aproximadamente . . . . . . . . . . . . . 90 millones €
El total resultante de los abonos pendientes de los cuatro apartados anteriores asciende a 783 millones de euros de Fondos Mineros que podrían ser “eliminados” por el acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 30 de diciembre.
En resumen, entre obras de Infraestructuras en ejecución del Ministerio de Fomento y Convenios de Infraestructuras del Plan de la Minería del Carbón del Ministerio de Industria, la cuantía de los recortes presupuestarios que podrían quedar afectados -vía eliminaciones, retrasos o rescisiones- por el acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 30 de diciembre se puede estimar en 1.283 millones de euros.
Si, como afirmó la Vicepresidenta del Gobierno, el objetivo perseguido es promover “un esfuerzo de todos, pero que no recaiga en los más débiles”, en el caso concreto de Asturias este propósito tiene todos los visos de incumplirse. Además del riesgo de una cuantía excesiva que rebasa ampliamente nuestra cuota de solidaridad interterritorial, el Gobierno no puede ignorar que Asturias es la única Comunidad Autónoma española con la población estancada en la última década; que Asturias presenta el segundo peor crecimiento del PIB/hab. en el mismo periodo; que Asturias tiene actualmente la tasa de población activa más baja de España; y que Asturias permanece deficientemente comunicada con el resto del territorio peninsular, con sus principales obras de infraestructuras paralizadas. No es admisible que en estas circunstancias sea la que reciba una cuota superior a las demás, y que pueda quedar situada a la cabeza de las Comunidades Autónomas más penalizadas por los recortes.
Señorías, los acuerdos del Consejo de Ministros, además de perseguir la consecución del objetivo de estabilidad presupuestaria tienen que garantizar el principio de solidaridad interterritorial que obliga a los poderes públicos a corregir y no a acentuar los desequilibrios territoriales existentes, y a promover un desarrollo armónico y equilibrado. El principio de solidaridad es, asimismo, un principio del Derecho Comunitario, por lo que con medidas discriminatorias, injustamente repartidas entre regiones, los asturianos no solo pasamos a ser españoles de segunda sino también europeos de tercera, lo cual no deja de ser un paradójico recorrido cuando se olvida la cohesión territorial en nombre de la estabilidad presupuestaria.
Es oportuno recordar que el artículo 2 de la Constitución ( ) propugna, como principio fundamental, “el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran España y la solidaridad entre todas ellas”. A su vez, el artículo 40.1 establece que “los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica”. En idéntico sentido, el artículo 131 dispone que “el Estado, mediante Ley, podrá planificar la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución”.
Y, sobre todos, el artículo 138 de nuestra Constitución impone la garantía de “la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular”.
Estos son los fundamentos constitucionales de la LOFCA, en cuyo artículo 2 se dice que el Estado es el encargado “de adoptar las medidas oportunas tendentes a conseguir la estabilidad económica interna y externa y la estabilidad presupuestaria, así como el desarrollo armónico entre las diversas partes del territorio español”.
No quiero olvidar que los anteriores principios también se recogen en el artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en el que se proclama que, “a fin de promover un desarrollo armonioso del conjunto de la Unión, ésta desarrollará y proseguirá su acción encaminada a reforzar su cohesión económica, social y territorial. La Unión se propondrá, en particular, reducir las diferencias entre los niveles de desarrollo de las diversas regiones y el retraso de las regiones menos favorecidas.
Entre las regiones afectadas se prestará especial atención a las zonas rurales, a las zonas afectadas por una transición industrial y a las regiones que padecen desventajas naturales o demográficas graves y permanentes como, por ejemplo, las regiones más septentrionales con una escasa densidad de población y las regiones insulares, transfronterizas y de montaña”.
Resulta obvio subrayar que la solidaridad entre las regiones para reducir las diferencias entre sus niveles de desarrollo, así como su progreso social y económico, no es un objetivo caprichoso de tal o cual partido ni un principio contradictorio con el de la estabilidad presupuestaria, sino que resulta complementario y del mismo rango normativo que éste, por lo que está plenamente justificada su aplicación y, cuando es ignorado, resulta obligada su defensa, porque la adopción de acuerdos contrarios a los principios de cohesión y de solidaridad son también contrarios a la Constitución y al Derecho Comunitario.
Este es el caso del Acuerdo del consejo de Ministros del pasado 30 de diciembre por el que se aprueba la “eliminación” de los Fondos Mineros, lo que, además de constituir una decisión drástica inasumible para Asturias, resulta contraria al principio de solidaridad y a la distribución equitativa de la renta regional en España. No podemos olvidar que los reglamentos que han regulado y disciplinado las ayudas a la minería del carbón y el desarrollo alternativo de las comarcas mineras (Real Decreto 2020/1997, de 26 de diciembre y Real Decreto 1112/2007, de 24 de agosto) fundamentan este excepcional régimen de ayudas en los citados principios constitucionales, que fueron previamente negociados y pactados en el Acuerdos del Plan 1998-2005 de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, firmado el 15 de julio de 1997 por el entonces Ministerio de Industria y Energía y las Centrales Sindicales SOMA-FIA-UGT y Federación Minerometalúrgica de CC OO; y en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 31 de marzo de 2006, por el que se aprobó el Plan Nacional de Reserva Estratégica 2006-2012 y el Nuevo modelo de Desarrollo Integral y Sostenible de las Comarcas Mineras, en los cuales se reflejan y se desarrollan de forma manifiesta las causas y los motivos de los mismos, siempre ligados a los principios constitucionales y comunitarios antes citados.
Sobre las premisas anteriores, nada más conocerse el alcance de los acuerdos del Consejo de Ministros del pasado 30 de diciembre hice pública mi opinión por su posible alcance y solicité una reunión con los titulares de Hacienda, Fomento e Industria que hasta el momento no se ha producido. El día 4 de enero, el Consejo de Gobierno aprobó mi solicitud de comparecencia en esta Cámara que hoy estamos celebrando. Asimismo, el día 10 de enero me reuní con los representantes de UGT, CC. OO. y de FADE, y al día siguiente, 11 de enero, con los representantes de SOMA-UGT y CC OO de la minería.
En esas reuniones, como hoy ante esta Cámara, procuré ofrecer información objetiva sobre la que se fundamenta mi pronóstico y mi preocupación acerca de la incidencia de los recortes presupuestarios que pueden afectar negativamente a los compromisos del Estado con Asturias, especialmente el desigual y discriminatorio reparto de cargas que podría desprenderse del acuerdo del Consejo de Ministros. En ningún caso insinué ni propuse, ni lo planteo hoy, organizar desde el Principado plataforma, comisión o grupo alguno para enfrentar al Principado con el Gobierno. No creo en la eficacia política de los frentes institucionales; y considero que la dilución de las legítimas representaciones de los grupos políticos o de los agentes sociales en un colectivo amplio reduce el alcance de los discursos y la fortaleza de los medios de influencia y de negociación de cada componente. Prefiero dar cuenta de las iniciativas que corresponden al Gobierno del Principado en el ámbito de sus competencias ejecutivas y que he apuntado en mi intervención, e invitar a los grupos políticos representados en esta Cámara a asumir las suyas, con respeto a las propuestas conjuntas o individuales que estimen oportuno plantear.
El Gobierno del Principado espera del Gobierno de España que atienda la solicitud de diálogo que hemos planteado formalmente, y manifiesta a través de este Presidente que les habla que el Principado no puede renunciar, en su caso, a la legítima defensa de los intereses que tenemos la obligación de representar, para garantizar el cumplimiento de los principios europeos, constitucionales y legales que aseguran tanto la estabilidad financiera de las instituciones públicas, como la solidaridad territorial y la cohesión social en España.
