• La Consejera de Fomento inauguró la sesión de trabajo que se celebró en Oviedo

• El Gobierno asturiano cede al cántabro el relevo en la presidencia de las reuniones, que tienen carácter rotatorio

(Oviedo).- El Principado de Asturias acogió esta mañana la reunión para fijar la posición común de las Comunidades Autónomas ante el próximo Consejo de Ministros de la Unión Europea, que se celebrará en Bruselas el próximo 19 de noviembre. La sesión de trabajo, que se celebró en Oviedo, fue inaugurada por la Consejera de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Isabel Marqués. Por parte del Gobierno asturiano asistieron también el Director General de Medio Ambiente, Francisco Rivas, y el Director General de Recursos Naturales, Óscar Rodríguez.

En el encuentro estuvieron presentes una veintena de representantes de las Comunidades Autónomas, entre los que se encontraban el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria, Francisco Javier Fernández, y el Director General de Medio Ambiente de esta comunidad, que hoy recogen el relevo de la coordinación entre Comunidades.

Por parte del Gobierno central se contó con la presencia del Subdirector General de Relaciones Internacionales y Asuntos Comunitarios del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, Alfonso Pino.

Los temas que hoy se han puesto a consideración son cuatro:

1. Hoja de ruta sobre la eficiencia de los recursos y acciones de la Unión Europea.
2. Resumen de trabajos y recomendaciones para acciones futuras dentro del ámbito de la protección de la biodiversidad.
3. Modificación de la Directiva 1999/32/CE del Consejo relativa a la reducción del contenido de azufre de determinados combustibles líquidos y modificación de la Directiva 93/12/EEC.
4. Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos.

El peso de la reunión ha recaído en los dos primeros asuntos:

Respecto al primero se ha puesto el acento en la necesidad de potenciar la hoja de ruta. Adoptada por la Comisión el 20 de septiembre de 2011, es la que fija los objetivos intermedios que muestran lo que se debe hacer para situarnos en la senda de un crecimiento sostenible y eficiente en el uso de los recursos. Además identifica los sectores de la economía que consumen más recursos y propone instrumentos que ayuden a canalizar la acción en el contexto europeo e internacional. Algunos de los objetivos de la hoja de ruta son:

1. Competitividad y crecimiento basado en una menor utilización de recursos en la producción y el consumo de bienes.
2. Identificación y creación de nuevas oportunidades de crecimiento económico, impulsando la innovación y la competitividad de la Unión Europea.
3. Creación de empresas y oportunidades de empleo a partir de actividades como el reciclado, la mejora del diseño de los productos, la sustitución de materiales y la ecoingeniería.
4. Garantía del abastecimiento de recursos para la UE.
5. Lucha contra el cambio climático y limitación del impacto medioambiental del uso de recursos.

Pretende abordar el problema relativo al uso ineficiente que hacen de los recursos los sectores responsables de la mayor parte de los efectos negativos sobre el medio ambiente y, más concretamente, el sector alimentario, el de la construcción y el del transporte, cuyos efectos combinados equivalen a entre un 70 y un 80 % del total de los efectos negativos sobre el medio ambiente.

Sobre este asunto, las Comunidades autónomas creen que la estrategia ha de fijar medidas concretas y no sólo objetivos y que deben establecerse teniendo en cuenta las diferencias entre distintos recursos y las referencias nacionales y regionales. Igualmente consideran adecuado que se establezcan plazos claros y un calendario de evaluación primaria, de desarrollo y de análisis final.

Igualmente apoyan el ‘enverdecimiento’ de las inversiones, tanto públicas como privadas. También creen que es muy útil la elaboración y recogida de datos de ciclo de vida y el estudio de las políticas de consumo. Además las CCAA han reivindicado  la integración del sector privado de forma activa en las medidas de desarrollo de la estrategia, y han reclamado un apoyo especial para las PYMES.

En lo que se refiere al ámbito de la protección de la biodiversidad han resaltado la necesidad de una financiación adecuada para alcanzar los objetivos que plantea. Por ello creen que hay que especificar y aclarar cuáles serán las fuentes de financiación disponibles y vincular la estrategia con instrumentos de financiación dentro del marco financiero plurianual.

Además, han solicitado que se haga referencia a la necesidad de completar y aclarar las cuestiones de  financiación de la Red Natura 2000, y reforzar  la posición local y regional sobre dicha Red.

Coordinación asturiana

Durante todo el primer semestre de este año, Asturias ha sido la encargada  de coordinar la participación de las distintas comunidades autónomas españolas en el Consejo de Medio Ambiente de la Unión Europea. La tarea se ha centrado en distribuir la información relativa a los temas en debate, asistir a los grupos de trabajo del Consejo, proponer y consensuar una posición común de todas las CCAA para trasladarla al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, y posteriormente llevarla a las reuniones del Consejo en Luxemburgo y Bruselas.

Asturias ha trasladado  la posición  de las Comunidades en el Consejo de  Ministros de octubre y lo hará también el próximo mes de diciembre.

El Consejo de la Unión Europea es, junto con el Parlamento europeo, colegislador de la normativa comunitaria, y por tanto las decisiones que se adoptan en su seno, tanto legislativas como no legislativas, son de gran relevancia jurídica.  Por su parte, las comunidades autónomas tienen atribuidas numerosas competencias directamente afectadas por la legislación, lo que ha aconsejado la necesidad de asegurar su participación en la voluntad estatal ante las instituciones comunitarias. Por ello, en 2004 se estableció esta vía de cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas, con objeto de que las autonomías participasen en la elaboración de la posición española ante el Consejo de la UE. En otros países europeos descentralizados políticamente como Alemania o Bélgica, se han dado procesos similares.