Asturias adopta un nuevo reglamento para la asistencia jurídica gratuita

Asturias adopta un nuevo reglamento para la asistencia jurídica gratuita

-   La comunidad es la quinta con mayor inversión en esta materia y la primera entre las autonomías uniprovinciales    

 

El Gobierno de Asturias y los colegios de abogados y procuradores han acordado un nuevo reglamento de asistencia jurídica gratuita en el que ambas partes han trabajado en la comisión mixta constituida en 2018. El borrador definitivo incorpora, entre otras medidas, 15 nuevos baremos indemnizatorios y adapta la prestación de este derecho a las modificaciones legales y de procedimiento administrativo.  

El consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, Guillermo Martínez, que ha presidido hoy la reunión de la comisión, ha destacado que la nueva normativa “mejora y consolida la prestación de un derecho reconocido por la Constitución Española, cuya garantía es una prioridad para el Gobierno del Principado”. En este sentido, ha destacado el creciente esfuerzo presupuestario que su departamento ha realizado en esta materia, con la incorporación de mejoras en los procedimientos de tramitación y de agilidad en los abonos a los colegios profesionales.  

Este compromiso sitúa a Asturias como la quinta comunidad con mayor inversión en justicia gratuita por habitante en el periodo 2005-2017, tras Cataluña, Canarias, Madrid y el País Vasco, y la primera entre las autonomías uniprovinciales. En 2018, el Principado destinó 5,8 millones a dar cobertura jurídica a personas con escasos recursos.  

El borrador del nuevo reglamento, cuya tramitación administrativa comenzará de manera inmediata, recoge las modificaciones de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita incorporadas por la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, y los cambios de la Ley Orgánica 13/2015, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El texto, que sustituirá a la normativa en vigor desde 2007, figura entre los compromisos de legislatura de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana y se estructura en 6 títulos y 3 anexos, que recogen los formularios de solicitud y los diferentes baremos económicos como base para el cálculo de las subvenciones colegiales por la prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita.  

Principales novedades  

Entre las novedades que incorpora, destaca la equiparación de las cuantías de las guardias por asistencia a víctimas de violencia de género con las de atención a personas detenidas o presas, así como la creación de 15 nuevos baremos indemnizatorios: 12 correspondientes a los servicios de abogados y 3 para los que presten los procuradores.  

Entre los nuevos baremos que percibirán los colegios de abogados se incluye la creación de un turno específico para la orientación jurídica, defensa y asistencia letrada inmediata a personas víctimas de trata y terrorismo, así como para menores de edad o personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental víctimas de abuso o maltrato.  

También se prevé un nuevo concepto para los procedimientos abreviados ante la Audiencia Provincial y una retribución por asistencia a la comparecencia en prisión o solicitud de medidas cautelares penales. Asimismo, se reconocen sendas indemnizaciones por la tramitación de medidas cautelares civiles y por la presentación de recursos; la cobertura económica por la solicitud de anulación de sentencia dictada en rebeldía y por la prestación de recursos extraordinarios por infracción procesal ante el Tribunal Superior de Justicia.  

Respecto a los colegios de procuradores, se contempla un nuevo baremo para la retribución de los procedimientos con tribunal del jurado, el reconocimiento de sendas prestaciones por la tramitación de ejecuciones penales y civiles, y la cobertura económica por la preparación de recursos de casación. Asimismo, los profesionales tendrán derecho a percibir dietas por desplazamiento en cuantía similar a las abonadas a los abogados.  

El reglamento establece que los baremos se actualizarán en los mismos términos que hasta ahora; es decir, en los porcentajes de incremento de las retribuciones del personal funcionario de la Administración del Principado, que para este año está fijada en el 3%. Además, a partir de ahora se podrá publicar cada año el listado con los importes actualizados de las indemnizaciones por asistencia jurídica gratuita.  

Junto con los nuevos supuestos indemnizatorios, el borrador aprobado hoy incorpora cambios en el procedimiento y en relación con el propio funcionamiento interno del órgano. Así, se actualizan los miembros que forman parte de la comisión y se habilita la  la  posibilidad de crear una o varias delegaciones o grupos de trabajo si el volumen de asuntos en tramitación lo justifica.   Respecto a los procedimientos para el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita, se incluye el uso de medios de averiguación y de comunicación telemáticos, y se establecen los mecanismos necesarios para garantizar, de manera automática, la asistencia letrada en los órdenes jurisdiccionales social y penal. 

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